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Contraloría obligaría a municipio viñamarino a devolver $400 millones por pagos irregulares a empleados

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Contraloría Nacional obligaría a municipio de Viña del Mar, a devolver al Fisco más de 400 millones de pesos por pagos irregulares a sus empleados y funcionarios.

Luego que la Contraloría Nacional ordenara a 285 municipios del país a devolver cerca de 14 mil millones de pesos, debido a lo que se consideran pagos irregulares que beneficiaron a funcionarios, empleados, abogados asesores y a los propios alcaldes, la municipalidad viñamarina, figura entre las tres que debería hacer una mayor devolución al Fisco, con más de 443 millones de pesos.

Lo anterior fue detectado tras una revisión del cuerpo legal dictado en 1981, que otorgó a los funcionarios públicos un aumento en sus sueldos que evitó que percibiera menos, atendido que la modificación implicaba que el pago previsional corría por cuenta del asalariado.

Al interior del municipio de Viña del Mar, tras conocerse la información y ante la ausencia de la alcaldesa Virginia Reginato, quien se encuentra en gira promocional por el Festival de la Canción en Estados Unidos, el administrador municipal declinó entregar respuestas hasta que la Contraloría Nacional notifique la ordenanza, aunque igualmente se han dado a la tarea de recopilar los archivos y documentos, para indagar lo que el organismo fiscalizador estaría demandado de los municipios.

Consultado, el Presidente de la Federación Regional de Funcionarios Municipales y Director Nacional de la agrupación, Marcelo Quezada, señaló que en la actual dirección de la Contraloría se han cometido errores para abordar este delicado tema.

Lo grave del asunto, a decir del dirigente de los funcionarios municipales, radica en que algunos funcionarios descontentos con el criterio impuesto por la Contraloría, presentaron recursos de protección ante la justicia.

Por antecedentes que obran en la Contraloría, se deja entrever que no a todos los funcionarios se le aplicará el mismo criterio para que devuelvan lo percibido, a diferencia de lo que acontecería con las autoridades superiores, donde la decisión sería inflexible.

Consultada por La Radio, la Contralora Regional Alexandra Guaita, declinó entregar mayores antecedentes en torno al tema.

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