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Abogado presenta dos querellas en contra del actual Director Nacional de la Conadi

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Dos querellas presentó un abogado en contra el actual director nacional de la Conadi, Francisco Painepan. La primera de las acciones legales es por los supuestos delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco, y la segunda por la negligencia de la entidad estatal al permitir durante 17 años, a pesar que la ley lo prohíbe, que los mapuche cancelen por trámites en notarías y conservadores de Bienes Raíces.

Desde 1993 la Ley Indígena en su artículo 57 obliga a los conservadores, notarías y Registro Civil a efectuar gratuitamente trámites a mapuche que sean representados por abogados defensores indígenas, quienes son proporcionados por la Conadi, cosa que jamas se ha hecho, perjudicando económicamente con grandes cifras de dinero a humildes indigenas, a pesar de múltiples peticiones a las autoridades de Gobierno.

Un abogado defendor indígena de la Conadi, cansado de esta injusticia, se mandó a hacer en forma particular un talonario, con el logo del Gobierno incluido, para darle este beneficio a los mapuche, llamado privilegio de pobreza, siendo ya aceptado en algunos conservadores y notarias de la región.

La querella por esta histórica negligencia de la Conadi, donde no cumplen la ley indígena, fue presentada y acogida por el Tribunal de Garantia de Temuco, contra Francisco Painepán, Carmen Gloria Ormeño, fiscal judicial, y Marcia Herrera, jefa de los abogados defensores.

El subdirector de la Conadi, Patricio Saenz, señaló tras las querellas presentadas por un abogado de la propia entidad indígena, que ahora estudiarán el caso, para cumplir la ley y no perjudicar más a los mapuche.

En tanto, otra querella recayó sobre Painepán, por los supuestos delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, al obtener un beneficio de la institución que dirige, consistente en 3 millones de pesos para financiar un negocio, aunque en realidad no le correspondían por tener ingresos anuales superiores a los 80 millones de pesos, devolviendo finalmente el dinero tras los cuestionamientos públicos.

Ambos casos son investigados en forma desformalizada por el Ministerio Público.

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