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Reforzarán los derechos de los consumidores en la actual legislación

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En condiciones de ser votados por la Sala del Senado quedaron dos proyectos; uno, originado en un Mensaje del Ejecutivo y, otro, en dos mociones refundidas y que fueron presentadas por varios diputados. Ambos, apuntan a fortalecer la legislación actual sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

Así lo informó el senador José García Ruminot, presidente de la Comisión de Economía que aprobó la idea de legislar de ambas iniciativas que “buscan consolidar los derechos de protección de los consumidores, facilitando la presentación y tramitación de acciones de clase, es decir, cuando colectivamente un grupo de consumidores que han recibido un mal producto o mal servicio se sienten afectados y deciden actuar en conjunto ante tribunales para obtener sanciones pero también una reparación sobre el daño inferido”.

Precisó que en el caso del proyecto originado en mociones de varios diputados “lo que se busca es hacer varias precisiones respecto de la prescripción que tienen determinadas acciones buscando siempre que el consumidor pueda reclamar ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y que pueda presentar acciones judiciales y resarcirse del daño ocasionado”.

El parlamentario aseguró que “estas iniciativas van a perfeccionar el sistema actual sobre todo en lo referido a las acciones colectivas porque hoy día, el juez tiene que hacer un antejuicio y declarar si es o no admisible la demanda, antes de iniciar el juicio en sí y eso significa una demora en tribunales de 3 ó 4 años”.

Aclaró que muchas veces “solo después de ese periodo de tiempo recién partían los juicios. Entonces, las acciones colectivas estaban quedando desprestigiadas porque cuando la justicia tarda tanto no es justicia”.

La propuesta del Ejecutivo, que cumple su segundo trámite, en el Senado pretende establecer un nuevo orden de incentivos para que los consumidores tengan acceso rápido y expedito a la justicia y a la reparación de sus daños.
Asimismo apunta a establecer una nueva estructura de desincentivos a las empresas que compiten deslealmente y no respetan los derechos de los consumidores.

De este modo el texto legal recoge las mejores prácticas internacionales, a través de figuras modernas y mecanismos eficaces de protección de garantías en el ámbito del consumo, que permitan poner la institucionalidad a la altura de la demanda pública.

Se explicitan las obligaciones del proveedor que es declarado infractor; se establece el deber de compensación; reglas procesales adecuadas para no perjudicar a los consumidores y se incentivan soluciones amistosas.

El segundo proyecto que fue el resultado de dos mociones refundidas que presentaron varios diputados pretende reforzar también el derecho del consumidor para reclamar en contra del proveedor ante el Servicio Nacional del Consumidor, permitiendo que ese servicio accione mediante demandas colectivas o difusas, cuando los reclamos que reciba sobre una misma situación así lo justifiquen.

Se propone, también, que una vez que sea interpuesta una denuncia ante el servicio, se interrumpa el plazo de prescripción de las acciones que persiguen la responsabilidad contravencional.

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