El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió este miércoles la cooperación de las autoridades de Venezuela para investigar la posible presencia de miembros de ETA en ese país y Madrid pidió a Caracas que responda a la orden de detención de Arturo Cubillas.
Poco después, el Ministerio español de Asuntos Exteriores informó de que el canciller venezolano, Nicolás Maduro, transmitió a su homólogo español, Miguel Angel Moratinos, que las autoridades de su país investigarán si Cubillas impartió formación a miembros de ETA en Venezuela.
Zapatero había solicitado horas antes en una entrevista en televisión “una respuesta” de las autoridades venezolanas al pedido de la justicia española de ayuda para investigar la confesión de dos presuntos miembros de ETA que dijeron recibir cursillos de formación en Venezuela en 2008.
“Las declaraciones -que han dado lugar a esta polémica- de dos presuntos miembros de ETA, para el Gobierno tienen los suficientes indicios como para que eso se tenga que investigar y que el Gobierno de Venezuela nos dé una respuesta”, declaró a la cadena privada española Telecinco.
La justicia española difundió el lunes un auto en el que dos presuntos miembros de ETA, detenidos la semana pasada, declararon haber recibido cursillos en Venezuela el verano de 2008 y que el instructor era Arturo Cubillas, español nacionalizado venezolano, sobre el que pesa una orden de detención española.
“Estamos convencidos de que no hay ningún amparo por parte de ningún gobierno del mundo a una banda terrorista”, afirmó Zapatero en referencia a los miembros de ETA.
Pero “si están en Venezuela, les vamos a traer de Venezuela, y si están teniendo alguna cobertura en algún ámbito social, la dejarán de tener, y eso se consigue cooperando con el Gobierno de Venezuela”, aseguró.
La confesión de los presuntos miembros de ETA desató en Venezuela una “polémica” que se suma a la de marzo, cuando un juez español ordenó la detención de 12 miembros de ETA y las FARC en el marco de una investigación sobre la supuesta colaboración entre ambos grupos.
El juez dijo entonces que esa colaboración contó con la “cooperación gubernamental” venezolana, lo que el presidente Hugo Chávez negó.
El martes, el Ministerio español de Exteriores se limitó a enviar el auto del juez en que se relata la confesión, ya que la justicia española ya emitió en marzo una orden de detención contra Cubillas.
Y este miércoles Moratinos habló con el embajador venezolano en Madrid, Isaías Rodríguez, para pedirle “una cooperación más intensa y actuaciones concretas y específicas en relación con el señor Cubillas”, declaró la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
Según la justicia española, Cubillas, que ocupa un alto cargo en el Ministerio de Agricultura venezolano y tiene esa nacionalidad, ha sido “responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde el año 1999″ y encargado de “coordinar las relaciones con las FARC” y “la participación de integrantes de la ETA en cursillos de explosivos”.
El Gobierno venezolano recibió en marzo esa orden de detención y se comprometió a colaborar con la justicia española.
Tras la confesión de esta semana, Caracas, además de rechazar cualquier vínculo con ETA, denunció “una campaña de difamación” contra el Gobierno venezolano, a lo que De la Vega respondió que el Gobierno español “no presupone” que las autoridades venezolanas supieran de esos cursillos.
Además, el embajador venezolano puso en duda el martes que la confesión de los dos etarras fuera “voluntaria”, a lo que el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), respondió que el gobierno debe elevar una “protesta formal” ante Caracas.
Por otro lado, la justicia española pidió este miércoles interrogar en Colombia a nueve “arrepentidos” de las FARC para que identifiquen a activistas de ETA, y tomará declaración en noviembre a dos testigos venezolanos, un militar y un diplomático, sobre la relación entre ambos grupos.
Al mismo tiempo, el fiscal solicitó al juez el envío de una comisión rogatoria para pedir la documentación que sobre las relaciones entre ambos puedan figurar en documentos incautados a la guerrilla, concretamente tras la operación en la que el jefe militar de las FARC, “Mono Jojoy”, fue abatido por el Ejército colombiano.
El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, declaró este miércoles en Madrid que su país cooperará con las investigaciones españolas.
