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Hugo Chávez acelera “revolución agraria” con nuevas expropiaciones

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El presidente Hugo Chávez lanzó una operación para aumentar la producción de alimentos en Venezuela y anunció confiscaciones de tierras así como la expropiación de una gran empresa agrícola, medidas que según la oposición generarán más escasez y dependencia de las importaciones.

Diez días después de las elecciones legislativas, en las que el partido del mandatario mantuvo su mayoría parlamentaria pero la oposición conquistó un número importante de diputados, el Estado venezolano reanudó su lucha contra “el latifundio” y “la especulación”.

Y lo hizo anunciando el “rescate” durante el mes de octubre de 250.000 hectáreas de tierras supuestamente improductivas y con la expropiación de la firma Agroisleña, un eslabón fundamental en el sector agrícola, cuya “adquisición forzosa” se publicó este martes en Gaceta Oficial.

Desde 1999, cuando Chávez llegó al poder, el Estado se hizo con el control de unos tres millones de hectáreas y de fincas emblemáticas de Venezuela, que cuenta con unos 30 millones de hectáreas cultivables. Además, en los últimos meses ha nacionalizado diversas empresas alimentarias y firmas distribuidoras de alimentos.

“Vamos a acelerar la revolución agraria, que no queden latifundios en esta patria”, pidió el mandatario.

Según el gobierno, Agroisleña, creada por inmigrantes españoles hace más de medio siglo, especulaba en la venta de fertilizantes, lo cual encarecía enormemente el precio del producto.

El presidente garantizó que se pagará a los dueños un precio justo y se preservarán los puestos de trabajo, que según cifras de la empresa rondan los 2.500 empleos directos y más de 20.000 indirectos.

Para Chávez, el objetivo es “continuar impulsando el desarrollo agrícola y marchar a paso más rápido hacia la soberanía alimentaria” en un país que importa la mayoría de lo que consume.

Según la oposición, se trata de una nueva arremetida contra el sector privado que no suplirá la falta de alimentos en el país.

“Tenemos un desabastecimiento crónico y la única respuesta del gobierno es que va a acelerar las expropiaciones”, se lamentó Eduardo Gómez Sigala, diputado electo en las últimas legislativas.

Por su parte, José Manuel González, diputado electo y ex presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), considera que la política de expropiaciones del gobierno no está dando resultados ya que la superficie cultivada del país cayó un 22% sólo en 2010, la producción agrícola se redujo y las importaciones aumentaron.

En un comunicado, responsables de Agroisleña rechazaron la expropiación y pidieron a Chávez que la reconsidere ya que “acabaría en la práctica con el apoyo constante de la empresa a la producción agrícola nacional y a la seguridad alimentaria”.

Según cifras del sector, Agroisleña es responsable del suministro de más del 60% de los insumos productivos del sector agrícola y apoya con créditos en insumos a más de 18.000 productores en el país.

“Agroisleña es un baluarte de la agricultura venezolana. Esta medida traerá consecuencias brutales: es poner en manos de la ineficacia del Estado la agricultura del país”, aseguró a la AFP Germán Briceño, presidente del Instituto de Políticas Agrícolas de Fedeagro.

En los últimos meses, el gobierno nacionalizó empresas de producción de leche, café, azúcar y cereales y gracias a la estatización de los supermercados Exito, pertenecientes al grupo francés Casino, creó la red de abastos socialistas Bicentenario.

La noche del martes, el vicepresidente de la República Elías Jaua informó que fue aprobada la expropiación de Friosa, una empresa de almacenaje y distribución de alimentos en el sureño estado Bolívar que ya había sido intervenida en mayo pasado por presuntas irregularidades.

“Era una red de distribución y almacenamiento de alimentos que había sido ocupada anteriormente por las autoridades con la finalidad de evitar especulaciones”, declaró Jaua.

En junio, la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) venezolano aprobó además la reforma de la Ley de Tierras, que condena el latifundio y otorga al Estado un papel “determinante” en la producción y distribución de alimentos y productos agrícolas.

La agricultura representa alrededor de 5% del Producto Interno Bruto venezolano. No obstante, las cifras oficiales sobre el sector se mezclan desde 2007 con las de restaurantes y hoteles, lo cual hace difícil establecer un cálculo preciso.

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