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Corte Interamericana DDHH condena a México por violación de indígenas

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano por la violación de dos mujeres indígenas, perpetrada por militares en hechos separados en 2002, y le condenó a efectuar reparaciones morales y materiales en favor de las víctimas.

Las sentencias, publicadas en el sitio web de la Corte, se refieren a los casos de Inés Fernández Ortega, vecina de Barranca Tecuani, y de Valentina Rosendo Cantú de la comunidad de Me’phaa, ambas del estado de Guerrero.

El tribunal hemisférico determinó que el Estado mexicano es responsable de la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales que protegen la integridad personal.

También determinó que las autoridades no cumplieron diligentemente con su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de ambos delitos, lo que constituyó en la práctica una denegación de justicia.

La Corte ordenó al Estado pagar daños y perjuicios a Rosendo Cantú y a las entidades que apoyaron su denuncia, por la suma de 41.500 dólares estadounidenses, mientras que a Fernández, varios de sus familiares y los organismos humanitarios que asumieron su demanda, deberá cancelarles la suma total de 118.000 dólares.

Además, en ambos casos “el Estado deberá conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal que tramite en relación con la violación sexual” de ambas mujeres, señala el fallo.

La Corte Interamericana ordenó también al estado mexicano “adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

El caso de Inés Fernández Ortega se remonta al 22 de marzo de 2002, cuando 11 soldados llegaron hasta su casa y tres de ellos la violaron en presencia de sus hijos de 3, 4, 5 y 9 años.

Inés y su esposo denunciaron los hechos ante las autoridades civiles pero hasta hoy su caso permanece en la impunidad.

Por su parte, Rosendo Cantú, una joven de 17 años en el momento de la violación, fue torturada y violada sexualmente por un grupo de militares mientras lavaba ropa en un arroyo cerca de su casa.

A Valentina Rosendo no sólo se le negó el acceso a la justicia sino incluso la atención médica que requería tras la agresión, pues funcionarios de salud locales dijeron que no querían problemas con los militares.

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