Los Trabajadores portuarios de San Antonio pidieron al Ministerio Público que investigue un presunto fraude en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Los portuarios acusan que el Estado, a través de ese organismo, desembolsó $800 millones para dos cursos de capacitación destinados a operarios desvinculados de las actividades portuarias entre 2008 y 2009.

La idea era que éstos pudieran iniciar otros emprendimientos, pero los portuarios dicen que todo se trataba de un mismo curso, que no cumplió con los objetivos trazados y que estaba plagado de irregularidades.

Un escrito emitido por los trabajadores, sostiene que en febrero de 2008 y ante la crisis que vivía el sector, los dirigentes del Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio lograron que el Gobierno pusiera en práctica un programa de protección social.

Pero éste sólo habría favorecido a 319 funcionarios seleccionados por los dirigentes, sin que existiera llamado público de postulación.