La senadora Soledad Alvear, junto con los diputados DC Matías Walker y Patricio Vallespín, solicitaron este lunes a la Contraloría General de la República que indague un eventual conflicto de interés de autoridades medioambientales del Gobierno en el proyecto de la termoeléctrica Cruz Grande.

En el escrito piden al contralor Ramiro Mendoza que además se pronuncie también sobre los antecedentes que llevaron a la Armada a modificar repentinamente su opinión respecto del proyecto Barrancones, en la Región de Coquimbo.

Según Alvear, el informe aprobatorio de la autoridad marítima Eric Soto, y la directora de la Conama de Coquimbo, Claudia Rivera, “demuestran contradicciones entre ambos, ya que Soto el día 19 de agosto expresa que la empresa no ha aportado antecedentes suficientes como para ponderar los impactos al medio ambiente, en cuanto a su intensidad y persistencia”.

Luego, el 23 de agosto, explicó que la misma institución procede a otorgar los permisos de instalación de la iniciativa, asegurando que “el estudio contiene los antecedentes necesarios para el otorgamiento de este permiso. El otorgamiento de tales permisos, presupone que el proyecto logra justificar y explicar el alcance de su impacto ambiental, cuestión que tres días antes de su autorización no estaba justificada ni explicada. Además, no constan en el expediente nuevos antecedentes entre una y otra fecha”, afirmó la parlamentaria.

Los legisladores pidieron revisar el eventual “conflicto de interés” que podría tener la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, al ser parte del cuerpo asesor de los Estudios de Impacto Ambiental del proyecto termoeléctrico Cruz Grande, próxima a entrar en proceso de aprobación.