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Masacre de migrantes plantea desafío a estrategia mexicana contra el crimen

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La masacre de 72 emigrantes en el noreste de México, seguida de cinco ataques con explosivos y el asesinato de un alcalde, revela el poderío de los cárteles de la droga, su capacidad para desestabilizar y obligará al gobierno a replantear su estrategia de lucha, estiman expertos.

Esta escalada de violencia en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados unidos, se extendió a una ciudad vecina en el estado de Veracruz con siete muertos en choques entre militares y pistoleros del narcotráfico.

Estas acciones constituyen un desafío a la ofensiva contra los carteles que lanzó en diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón. Desde esa fecha se han reportado más de 28.000 muertos, de los cuales un 80% -según la versión oficial- son miembros de los siete carteles que actúan en el país.

“Ante todo lo ocurrido el gobierno debería replantearse si su estrategia es la correcta”, dice José Reveles, investigador y autor de varios libros sobre los carteles en México.

La masacre de migrantes en Tamaulipas fue cometida según un sobreviviente por Los Zetas, un grupo de ex militares que en los años 90 se convirtieron en pistoleros del cartel del Golfo.

Desde febrero Los Zetas se enfrentan en el noreste de México con sus antiguos jefes, pero también han incursionado en otras zonas del país donde mantienen violentos pulsos con al menos otras tres organizaciones mafiosas, según un dossier entregado el fin de semana por el gobierno.

Los Zetas “controlan zonas de Tamaulipas en las que establecieron un ‘estado delictivo’ con la imposición de ‘impuestos’ en forma de cobro por protección o ‘derecho de piso’”, señala Javier Oliva, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del tema del narcotráfico.

A fines de junio, el candidato favorito para ganar la gobernación Tamaulipas fue asesinado en un ataque de pistoleros, una semana antes de las elecciones regionales.

Jorge Bustamante, relator de la ONU para los derechos humanos de los emigrantes, va más allá y cree que la situación en Tamaulipas muestra que México tiene un “serio problema de gobernabilidad”.

Lo que ha ocurrido en Tamaulipas acerca cada vez más a México a “la imagen de un Estado fallido que el gobierno se ha empeñado en negar”, dijo Bustamante a periodistas mexicanos.

La batalla por el dominio de las rutas entre los Zetas y el cartel del Golfo se ha concentrado este año en el estado de Tamaulipas y en su vecino Nuevo León, ambos fronterizos con Estados Unidos.

“Los Zetas ganaron fuerza y dijeron: ‘ya no vamos a ser sicarios, vamos a ser los dueños del negocio’. Controlan otras actividades delictivas no porque necesiten dinero o hayan sido debilitados, lo hacen por su creciente poder, por ‘control de plaza’”, dice Reveles.

Los narcotraficantes “aún no tienen suficiente dinero o las armas para atacar instalaciones militares y lanzan entonces granadas en zonas civiles”, explica Oliva.

Antes de la masacre de migrantes, la zona se había visto sacudida por la explosión de tres coches bomba y las denuncias sobre crecientes amenazas y desapariciones de periodistas, avaladas por organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa.

Pero en la última semana, tras el descubrimiento de la matanza, la violencia escaló a niveles más altos.

El domingo fue asesinado el alcalde del poblado de Hildalgo, mientras que desde el viernes se registraron al menos cinco explosiones contra sedes policiales y un canal de televisión en tres ciudades de ese estado que dejaron más de 15 heridos.

Los combates entre bandas de pistoleros y entre estos y miembros del ejército y la policía federal se han vuelto habituales, incluso en ciudades como Monterrey, capital de Nuevo León y que con 4 millones de habitantes es uno de los polos industriales del país y sede de varias transnacionales.

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