Los parlamentarios PPD, el senador Guido Girardi y el diputado Enrique Accorsi, exigieron al Presidente Sebastián Piñera, que se realice una investigación respecto a la manera en que se aprobó el proyecto para construir la termoeléctrica de Barrancones, puesto que a juicio de los parlamentarios ésta se concretó en virtud de presiones políticas, conflictos de interés y tráficos de influencias por autoridades y funcionarios de la instancia aprobatoria.
Según Girardi, los informes técnicos que aprobaron la energética fueron cambiados “entre gallos y medianoche”. “Queremos que se haga una investigación”, afirmó.
“Aquí evidentemente hubo situaciones de tráfico de influencias y presiones políticas. Queremos que se investiguen si hubo presiones de la empresa Suez Energy para lograr esta aprobación, este permiso ambiental fraudulento (…) le queremos pedir al propio Gobierno que realice una auditoría de los hechos que ahí ocurrieron porque hay situaciones oscuras”, aseguró el senador PPD.
Es en este sentido que Girardi acusó incompatibilidad y falta de autonomía en las labores de la ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez.
“La ministra del Medioambiente es asesora de los proyectos ambientales (…) la ministra que es la defensora del medioambiente, es la gran promotora, es la gran asesora de estos proyectos que son los más contaminantes”, afirmó el senador de oposición.
“El Presidente Piñera nombró funcionarios que tienen conflictos de intereses en materia ambiental, pues bien esos funcionarios están actuando de acuerdo a esos conflictos de intereses. Están privilegiando el interés de las empresas y no el interés de la ciudadanía”, acusó Girardi.
Asimismo el senador exigió la renuncia de los funcionarios que, a su juicio, actuaron en conflicto de interés.
Por su parte, el diputado Accorsi exigió al Presidente Piñera, que se aclare las condiciones en las que la empresa Suez Energy aceptó el cambio de lugar para la termoeléctrica Barrancones.
Finalmente los legisladores hicieron un llamado a revisar todos los proyectos de termoeléctricas vigentes y a cambiar la actual “ley de base” para proyectos de impacto ambiental, tras considerar que ésta “está al servicio de intereses”.
