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Proponen suspender la prescripción en delitos de corrupción

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Proyecto de diputados de la Concertación incorpora una nueva hipótesis que de lugar a la suspensión de la prescripción cuando se trata de delitos cometidos en el ejercicio de una función pública.

La moción fue presentada por los diputados Jorge Burgos (DC), Marcelo Díaz (PS), Carlos Montes (PS), Marcelo Schilling (PS), Juan Carlos Latorre (DC), José Miguel Ortiz (DC), Patricio Vallespín (DC), Mario Venegas (DC) y Adriana Muñoz (PPD).

Los autores plantean que el fenómeno de la corrupción es consustancial a la condición humana y un problema que afecta a los más diversos países, regímenes de gobierno y organizaciones institucionales o económicas. Añaden que las estrategias para combatirla sólo pueden aspirar a mantenerla en niveles acotados, siendo imposible su erradicación porque el primer paso es de carácter cultural.

“La sociedad toda debe identificar este fenómeno como un mal social y sobre la base de ello una estrategia debe ser la posibilidad de realizar la denuncia de tales hechos”, puntualizan en los fundamentos del proyecto.

En este contexto sostienen que un aspecto a considerar en materia penal es la suspensión de la prescripción (adquisición o extinción de un derecho o acción por el transcurso del tiempo), es decir dejar subsistente el plazo transcurrido y permitir que éste se reanude. Para ello la moción establece una nueva hipótesis que dé lugar a la suspensión de la prescripción respecto a los delitos cometidos en el ejercicio de una función pública, debido a que pueden existir condiciones que dificulten el ejercicio de la denuncia de los hechos delictivos.

Para tal efecto, el proyecto agrega un inciso segundo en el artículo 96 del Código Penal donde se señala: “La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública o con abuso de ésta, respectos de los autores y partícipes, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.

La iniciativa legal (boletín 7133) fue enviada para su estudio a la Comisión de Constitución, que preside el diputado Pedro Araya.

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