Producto de esta situación, el alcalde de la comuna, Pablo Zalaquett, llegó hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, para interponer el libelo por usurpación violenta y daños, que es el quinto en menos de seis semanas. La toma del liceo terminó con 23 detenidos.

Según explicó Zalaquett, el hecho no sólo dañó la entrega de la educación, sino que también los bienes del recinto, avaluados en más de dos millones de pesos. Por esto, el jefe comunal pidió que se investiguen estos hechos que calificó de “vandálicos”.

Desde el municipio se mostraron preocupados, ya que, dijeron, los menores estarían siendo influenciados por agentes externos. Lo anterior, ya que existirían factores comunes en las tomas: el ingreso en horas estratégicas y desmanes de encapuchados.

Por esto el director del equipo jurídico del municipio, Patricio Lazcano, solicitó en la querella que inteligencia de Carabineros efectué pericias de rigor.