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Contralor llama a parlamentarios a cautelar recursos p√ļblicos aprobados cada a√Īo en Ley de Presupuesto
Publicado por: Felipe Delgado
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El Contralor General de la Rep√ļblica, Ramiro Mendoza, formul√≥ un llamado a los parlamentarios a cautelar los recursos p√ļblicos aprobados cada a√Īo en la Ley de Presupuesto, recalcando que el mayor grado de discrecionalidad entregado a la autoridad administrativa reduce considerablemente las posibilidades de fiscalizaci√≥n.

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En el contexto del an√°lisis que realiza la Comisi√≥n Investigadora de la C√°mara sobre Gasto de Fondos P√ļblicos asignados a ONG durante los a√Īos 2006-2010, instancia que preside el diputado Carlos Recondo (UDI), el Contralor Ramiro Mendoza sostuvo que las subvenciones presidenciales tienen un car√°cter bastante discrecional, por cuanto la ley s√≥lo ordena que se efect√ļen a personas jur√≠dicas sin fines de lucro.

Recordó que la discrecionalidad es el ámbito de actuación libre que le deja el legislador a la autoridad administrativa, estimando que es de su responsabilidad el grado de amplitud que aquella tendrá y por tanto las posibilidades de fiscalización de la Contraloría.

‚ÄúCuando el legislador quiere hacer un acto de confianza y de disposici√≥n de los recursos itinerarios por parte de la administraci√≥n en el gasto y en la ejecuci√≥n presupuestaria, la glosa tiene un determinado sentido; cuando el legislador quiere cautelar el uso de esos recursos p√ļblicos y velar porque lleguen de una manera significativa y eficiente a los destinatarios, tiene otra glosa. Eso a nosotros nos complica much√≠simo, porque esa desarmon√≠a en la estructura de la construcci√≥n presupuestaria de las glosas nos dificulta la fiscalizaci√≥n‚ÄĚ, enfatiz√≥.

Explic√≥ que la Contralor√≠a no tiene mucho espacio para entrar a cuestionar un determinado gasto, salvo en lo referente a la toma de raz√≥n, ya que su Ley Org√°nica Constitucional le ordena no entrar a conocer sobre el m√©rito, la oportunidad o la conveniencia de los actos p√ļblicos.

En lo que dice relaci√≥n a las asignaciones presupuestarias y la ejecuci√≥n presupuestaria de 2010, dijo no contar con la informaci√≥n necesaria por cuanto la auditor√≠a a√ļn se encuentra en proceso. Parte de ese estudio, especific√≥, dar√° cuenta si se cumpli√≥ con mandar a toma de raz√≥n aquellas transferencias de montos superiores, tal como lo establece la ley desde 2008.

Informó que si se descubren casos de transferencias que no fueron enviadas a toma de razón, debiendo hacerlo, el funcionario del servicio respectivo arriesga una sanción tan importante como la pérdida del cargo. Precisó que algo similar podría suceder si el destinatario no rinde cuenta y el servicio no pide la devolución de los fondos entregados.

En todo caso, aclaró que dichos sucesos no necesariamente transforman los actos en irregulares, porque si gasto llega al beneficiario que correspondía se habría cumplido con la norma.

Finalmente, comunic√≥ que durante los a√Īos 2006, 2007 y 2008 no hubo ning√ļn proceso relacionado con subvenciones presidenciales de la partida del Tesoro P√ļblico que haya sido derivado a los tribunales de justicia ni tampoco haya sido objeto de un juicio de cuentas.

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