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Ingresan proyecto que facilita el combate contra la corrupción en la administración pública

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La iniciativa del diputado Jorge Burgos (DC) introduce modificaciones al Código Penal, suspendiendo la prescripción en los delitos contra la Administración Pública.

Un nuevo proyecto en materia de probidad y combate a la corrupción en la administración pública comenzará a tramitarse en la Cámara de Diputados debido al ingreso de una moción que, en el ámbito estrictamente penal, incorpora una nueva hipótesis que da lugar a la suspensión de la prescripción, en consideración a los delitos cometidos en el ejercicio de una función pública.

Lo anterior, señala el texto legal, “atendida la posición que pueden favorecer condiciones que permiten dificultar el ejercicio de la acción o denuncia de los hechos delictivos que pudieran tener lugar”.

El proyecto, ingresado por el diputado DC Jorge Burgos, si bien describe todos los avances en materia de probidad registrados en los últimos años, se detiene en el concepto de la prescripción, proponiendo agregar en el artículo 96 del Código Penal: “La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública o con abuso de ésta, respecto de los autores y partícipes, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.

La moción, que fue firmada también por los diputados Matías Walker (DC), Marcelo Díaz (PS), Mario Venegas (DC), Marcelo Schilling (PS) y Carlos Montes (PS), explica en detalle el fenómeno de la corrupción, explicitando sus causas y efectos.

Al respecto, se plantea en la iniciativa que “desde el punto de vista estrictamente económico existe una íntima relación entre corrupción y estancamiento económico”, agregando que en el ámbito político “la corrupción resquebraja la legitimidad de las instituciones estatales, debilita el sistema democrático y genera desconfianza en los ciudadanos”.

“La suspensión de la prescripción consiste en la cesación del curso del plazo de prescripción, que deja subsistente todo el plazo anteriormente transcurrido y que permite que éste se reanude”, añade.

El proyecto complementa las reformas sobre Probidad Pública implementadas en las anteriores administraciones, entre otras la ley 20.050 que eleva a rango constitucional el principio de probidad y publicidad; la ley 19.653 sobre probidad administrativa que reformó varios cuerpos normativos, regulando sistemática y coherentemente el principio de probidad administrativa, incorporando el principio de transparencia y reformando las inhabilidades e incompatibilidades funcionarias; y las reformas de la Ley Nº 20.088, además de la Ley de Transparencia.

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