La familia que afirma ser dueña de terreno por donde pasan los camiones que utilizan las barcazas para cruzar el río Bío-Bío, llegó nuevamente a Tribunales para denunciar que el MOP está abriendo un segundo camino por el medio de su propiedad.
La familia Bascuñan Rodríguez está simplemente indignada. Ya habían recurrido de protección contra el MOP al descubrir que las autoridades abrieron por el medio de su terreno el camino de acceso a las barcazas en el sector Boca Sur de San Pedro de la Paz.
Les prometieron una reunión para buscar una salida, pero unilateralmente el miércoles 11 el Seremi de Obras Públicas decidió suspenderla.
Pero no sólo eso, Margarita Bascuñán Rodríguez descubrió que estaban construyendo un segundo camino por su terreno, por lo que resolvieron nuevamente recurrir a la justicia.
Este nuevo recurso de protección, señaló el abogado Adolfo Ortega, es por la segunda vía abierta en Boca Sur y pretende que la Corte penquista dicte una orden de no innovar que detenga inmediatamente estas obras ilegales.
Además, el senador Alejandro Navarro pedirá que se investigue una eventual malversación de caudales públicos por los más 1.000 millones invertidos en este proyecto y otros 100 millones que se utilizaron para el dragado.
