La región boliviana de Potosí, que mantiene en jaque al gobierno del presidente Evo Morales con un corte de rutas y una huelga general desde hace 12 días, puede generar futuros efectos electorales adversos para el oficialismo, advirtieron analistas locales.
La situación de conflicto fue planteada por el Comité Cívico de Potosí, una región que le dio sucesivos y contundentes apoyos electorales al presidente.
foto: ine.gov.bo
Acostumbrado a la resistencia de los departamentos llaneros y amazónicos del este del país (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), para el gobierno de Morales es inédita una protesta tan prolongada y agresiva de un departamento andino que siempre ha sido su aliado incondicional.
Sin embargo esta región protesta de una manera radical -huelgas de hambre, corte de rutas, marchas- para poner fin a un conflicto limítrofe con el vecino departamento de Oruro, además de reclamar la construcción de un aeropuerto y una fábrica de cemento, entre otras demandas.
El oficialismo dijo que esos pedidos serán atendidos, pero que llevan tiempo, y pidió deponer la protesta para empezar a hablar.
“Veo que en el origen del conflicto hay una percepción en la ciudadanía de postergación, de que Potosí le dio mucho al país (con la explotación de su riqueza minera) y que a pesar de todo sigue su postergación”, explicó a la AFP el sociólogo y profesor universitario Carlos Cordero.
En la misma línea, el analista Iván Arias, sociólogo y consultor, consideró que “el Gobierno está sumando desaciertos”. “Primero el error fue prometer una fábrica de cemento en una región que de por sí era conflictiva”, dice Arias. Según el analista, se deberían corregir “esa sumatoria de desaciertos, en los cuales el Gobierno debería más bien bajar los ánimos e ir a las regiones” a negociar.
“La gente respeta mucho al presidente y al Gobierno, y no hará nada en contra de ellos” en caso de que Morales vaya a la zona de conflicto, como piden los inconformes, estimó Arias.
En cambio, Cordero considera que de continuar el conflicto, el costo político para el gobierno podría ser elevado. “De extenderse el conflicto, podría haber un costo electoral para el presidente Evo Morales, después de la lealtad que Potosí ha mostrado con el presidente”, agrega el investigador.
Cordero recordó que en las elecciones presidenciales de 2005, Potosí le dio al mandatario el 56% de apoyo y en los comicios de 2009 lo ratificó con el 78%.
Esto se dió en un departamento que fue en siglos pasados una especie de sinónimo de la riqueza y que hoy en día tiene el mayor índice de pobreza del país, de 66,7%, según Naciones Unidas.
Tras la radicalización del conflicto, el gobierno ha lanzado reiterados pedidos de diálogo, aunque ha insistido que para viabilizar una conversación deben suspenderse todas las medidas de presión.
El ministro de la Presidencia, Oscar Coca, estimó que la suspensión de las protestas, que ya ha provocado desabastecimiento de alimentos, abriría dos escenarios de diálogo alternativos: en Potosí o en La Paz. En éste último el propio jefe de estado lideraría la negociación.
Potosí, en cambio, insiste en que el diálogo se dé en esa ciudad, cercada por cortes de ruta e incluso con un aeropuerto doméstico que ha sido bloqueado por grupos de piqueteros universitarios, comerciantes al menudeo y mineros, principalmente.
