La Fiscalía General de Bolivia solicitó a la justicia que ordene la detención preventiva de dos altos ex jefes militares investigados por una cruenta represión a civiles, con un saldo de 60 muertos y 400 heridos, en octubre de 2003, informó el lunes una alta autoridad judicial.
Los requeridos son el ex comandante de las Fuerzas Armadas, general en retiro Roberto Claros, y su jefe de Estado Mayor, Gonzalo Rocabado, quienes están acusados de haber ordenado una matanza de civiles en el marco de una rebelión popular en 2003, que provocó la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
“Este es un pedido concreto del Ministerio Público y se ha solicitado al tribunal la detención preventiva de los jefes militares en la cárcel de San Roque”, de Sucre, sede de la Corte Suprema de Justicia, informó el fiscal que lleva el caso, Milton Mendoza.
Mendoza basa su solicitud en que “estamos cansados de que los acusados huyan del país”, como ocurrió con Sánchez de Lozada, principal encausado en este proceso y quien se encuentra en Estados Unidos desde hace siete años.
Otros ministros de la administración Sánchez de Lozada huyeron a Perú para eludir los procesos judiciales.
