Las organizaciones medioambientales de Santa Bárbara que se oponen a la construcción de la central Angostura anunciaron la presentación de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones.
La moción legal incluye una orden de no innovar que busca detener las obras hasta que no se resuelva el fondo del requerimiento en el tribunal de alzada.
Así lo anunció Fredy Pérez, presidente de la agrupación ambiental Aguas Libres, quien dijo que la acción se fundamenta en que la Conama no ha respondido al recurso de reclamación en contra de la autorización ambiental al proyecto energético.
Según el dirigente, una vez que se ratifique el silencio administrativo del Ejecutivo, ellos interpondrán la acción judicial, aunque supeditado a la velocidad del actuar de la justicia.
Los ambientalistas sostienen que el proyecto de la central Angostura no es viable por el acuerdo de entendimiento suscrito por el propio Estado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que permitió la construcción de la represa Ralco en Alto Bío-Bío.
Según Fredy Pérez, dicho convenio impide nuevas plantas hidráulicas en la zona cordillerana, razón por cual la última instancia de apelación es el organismo internacional.
