El fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza, cesó una investigación contra el presidente electo Juan Manuel Santos sobre ejecuciones militares por parte de militares, informó ese organismo este miércoles a la AFP.
La investigación, de carácter preliminar, fue cesada por “atipicidad objetiva” (falta de elementos probatorios), precisó una fuente de la fiscalía.
La decisión también favorece al ex ministro de Defensa y ex embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Camilo Ospina, y al saliente comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla.
El ex comandante del Ejército, general retirado Mario Montoya, actual embajador de Colombia en República Dominicana, continuará siendo investigado, puntualizó la fuente.
La investigación se originó en una demanda interpuesta en febrero pasado por el periodista Felipe Zuleta.
Santos, quien asume la presidencia de Colombia el sábado próximo, se vio involucrado en la investigación dado que durante dos años, hasta mayo de 2009, se desempeñó como ministro de Defensa.
En ese período ocurrieron parte de los casos de ejecuciones extrajudiciales.
El escándalo se desató a fines de 2008 tras la noticia sobre la desaparición de 14 jóvenes civiles residentes en las cercanías de Bogotá, en la deprimida localidad de Soacha, falsamente reportados por el Ejército como muertos en combates en el noreste del país.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional habían denunciado con anterioridad ese tipo de casos y pronto el tema se convirtió en una bola de nieve: como ministro de la Defensa, Santos ordenó una purga histórica del ejército, del que fueron retirados más de 30 militares, entre ellos tres generales.
Desde entonces, la justicia ha sabido de 2.355 víctimas (reportadas desde mediados de los años 80) y, hasta junio, la Fiscalía registraba 1.246 procesos contra uniformados.
Unos 1.200 integrantes de las Fuerzas Militares se encuentran vinculados a las investigaciones, de los cuales 234 ya fueron condenados.
