Por 71 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa del Ejecutivo que busca subsanar un conflicto de interpretación y hace primar las competencias regulatorias del Ministerio de Minería sobre ENAP en lugar de aquellas conferidas al Ministerio de Energía.
ENAP
El proyecto, presentado en junio pasado por el Gobierno, busca clarificar la relación jurídica existente entre el Ministerio de Energía y la Empresa Nacional del Petróleo.
El Ministerio de Energía fue creado por la Ley N° 20.402, de diciembre de 2009, y su rol en el ámbito de los hidrocarburos es planificar su uso y aplicación dentro del contexto genérico de la política enérgica nacional, no correspondiéndole funciones ejecutoras o de implementación en este ámbito, las que recaen en ENAP.
Sin embargo, las autoridades se enfrentaron a algunas complicaciones derivadas del excesivo alcance que se ha dado al artículo 15 de la Ley 20.402 en relación con la ENAP y presentaron este proyecto para solucionar dicho problema. Su propósito es reconocer las atribuciones que corresponden al Ministerio de Minería en el área de la ejecución de las políticas públicas de energía vinculadas con los hidrocarburos.
El artículo 15 de la Ley N° 20.402 concentra o centraliza la labor planificadora en materia energética en el Ministerio de Energía, privando de atribuciones planificadoras en dicha área a los ministerios de Minería y de Economía.
En razón de ello, el mensaje busca reafirmar que las atribuciones que tiene el ministro de Energía sobre la ENAP son sólo en cuanto órgano planificador de políticas pero no de ejecutor de las mismas. De esta forma, se salvaguarda el principio de separación de funciones en materia de políticas públicas y se mantiene la independencia entre el ente regulador (Ministerio de Energía) y el regulado (Empresa Nacional del Petróleo-Ministerio de Minería).
Durante el debate de la iniciativa, el ministro de Minería, Laurence Golborne, señaló que el proyecto responde al propósito del Gobierno de avanzar en un nuevo gobierno corporativo de ENAP, partiendo por diferenciar las funciones de formulación de políticas en materia energética de las funciones productivas. Precisó que la intención es adecuar el país a los estándares de la OCDE en este ámbito, sacando a los ministros de Minería y de Energía del directorio de la petrolera estatal, independizando ésta de la política de gobierno. El presente proyecto aportaría a la transición en ese proceso, dijo.
Sin embargo, diputados de oposición que intervinieron en la Sala manifestaron sus aprensiones en el sentido que esta iniciativa se encaminaba en la perspectiva de privatizar ENAP.
Al no haberse presentado indicaciones, el proyecto aprobado pasó al Senado a segundo trámite constitucional.
