Hace pocos instantes, el ministro de Energía, Ricardo Raineri, señaló que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos en contra de 115 empresas eléctricas por el apagón que afectó a las zonas entre Tal Tal y Chiloé el 14 de marzo – por incumplimiento de la obligación de coordinarse con el fin de preservar la seguridad del servicios. Éstas integran el Centro de Despacho Económico de Carga.

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Esto luego que se analizaran los atencedentes relativos al corte generalizado que abarcó el sistema interconectado central, afectando a más de 13 millones de personas.

Recordemos que esta falla en el suministro eléctrico que se ocasionó en la Subestación Charrúa, ubicada en la Región del Bío-Bío y de propiedad de la empresa Transelec, apagón que se produjo por aproximadamente 6 horas.

Esta contraversión de las 115 empresas se manifestó en las siguientes infracciones:

1.- No haber coordinado la operación ante circunstancias de operación imprevistas, tales como fallas de líneas de transporte u otros acontecimientos semejantes.

2.- No coordinar las medidas que fueren necesarias por parte de los integrantes del sistema eléctrico sujetos a coordinación, para preservar la seguridad de servicio global del sistema eléctrico.

3.- No velar por la operación segura y eficiente del sistema eléctrico, estableciendo criterios generales.

4.- No haber establecido restricciones en la operación de los coordinados dado que existían necesidades de seguridad y calidad de servicio que así lo requerían.

A su vez, por no velar por las operaciones seguras y eficientes del sistema eléctrico establecido en criterios generales y no haber establecido restricciones a la operación de los coordinados dado que existían necesidades de seguridad y calidad del servicio luego del terremoto del 27 de febrero.

Además, se han formulado cargos adicionales a las empresas Endesa, Transelec y Transquillota por las fallas en sus instalaciones, información inadecuada de la entrega al servicio de descarga económica de la central de electricidad y a Chilectra por la inadecuada toma de carga en la subestación Alto Jahuel que condujo a retrasos indebidos en la recuperación de la energía en la Región Metropolitana.

Las empresas tendrán 15 días para presentar descargos y, posteriormente, la Superintendencia de Electricidad generará una investigación para poder formular sanciones, las que podrían llegar a las 10 mil unidades tributarias anuales, es decir, poco más de $4 mil 400 millones.