Los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias, rechazaron la posibilidad que el Gobierno venda su parte de las empresas sanitarias, e insistieron en generar sanitarias 100% públicas.
Por su parte, el ministro de Hacienda indicó que la venta de activos prescindibles aún no está definida.
Como una de las medidas para financiar el plan de reconstrucción, el Gobierno ha señalado que podría vender los porcentajes que mantiene actualmente la Corporación de Fomento Productivo en las empresas sanitarias.
Según estimaciones, si el Ejecutivo decide realizar la venta, podría
recaudar y reinvertir cerca de 1.300 millones de dólares para
el Fondo de Reconstrucción, de acuerdo al valor de mercado de cada una de estas empresas.
A pesar de los anuncios previos realizados por el Gobierno sobre la posibilidad de transar la parte de las sanitarias, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que la venta de activos prescindibles es uno de los mecanismos de financiamiento, pero que aún no hay nada definitivo.
Esta medida ha provocado el rechazo de los trabajadores de obras sanitarias que han colocado en duda los recursos que podrían obtener de la venta del 35% que tiene el Gobierno sobre las empresas sanitarias, ya que éstas además se han visto afectadas por el terremoto del 27 de febrero, como es el caso de Essbio, en la Región del Bío-Bío.
Para el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, y del sindicato de la empresa Essval de Valparaíso, Hugo Maturana, el Gobierno debería apuntar a estatizar en su totalidad las empresas sanitarias.
En este sentido, el presidente del sindicato de la empresa Essal de Puerto Montt, José Pacheco, indicó que el rechazo a la venta de sanitarias también se debe al peligro sobre un alza en la tarifas del agua potable para los sectores de menos recursos.
Ante este escenario especulativo, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias realizará una asamblea extraordinaria, el 27 y 28 de mayo, para analizar las medidas a seguir frente a la posibilidad de venta de las acciones sanitarias del Estado, ya que éstas permiten financiar el subsidio al consumo de agua potable de los sectores más vulnerables del país.
