Brasil defendió este viernes una ley de amnistía que favorece a los responsables de crímenes de la dictadura militar (1964-1985), en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que recurrieron los familiares de las víctimas en busca de justicia.
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El representante del gobierno brasileño fue el último en hablar en el segundo día de audiencias sobre el caso Gomes Lund, más conocido como “Guerrilla de Aragauaia”, referido a la detención arbitraria, tortura, asesinato y desaparición de al menos 70 personas entre 1972 y 1975, cuyos autores se amparan en una amnistía dictada por el régimen militar en 1979.
“La Ley de Amnistía brasileña es parte de un proceso sui generis muy complejo y constituye un pilar del proceso de redemocratización” que apoyaron los diversos sectores de la sociedad, argumentó el embajador brasileño en San José, Tadeu Valadares, que representó a su gobierno en la audiencia.
Argumentó que la ley de amnistía fue producto de “un pacto nacional” que dio paso a la redemocratización y reconciliación de la sociedad brasileña, y que no se puede revocar sin riesgos para la estabilidad.
Previamente, el jurista colombiano Rodrigo Oprimi, quien dijo a la Corte que en Brasil subsisten “enclaves autoritarios” debido a la falta de justicia a las víctimas de la dictadura.
“En aquellos casos en que ha habido verdad y juicios, hay mucho mayor goce del derecho a la vida, donde no hay esos procesos (como en Brasil) se tiende a permitir enclaves autoritarios derivados de la impunidad”, dijo Oprimi, quien declaró como experto ofrecido por las familias de las víctimas.
Estas últimas acusan al gobierno de favorecer la impunidad, de no tener voluntad política para aclarar los crímenes de la dictadura, pese a que el propio presidente Luiz Inacio Lula da Silva estuvo preso en esa época.
Pero el embajador Valadares replicó alegando que el Estado brasileño ha admitido su responsabilidad por los crímenes de este caso y ha procurado reparaciones a los familiares de las víctimas.
Dijo que se ha pagado unos 3,7 millones de dólares en indemnizaciones y se ha fundado un museo que recoge información las violaciones de derechos humanos, entre otras medidas que honran la memoria de las víctimas.
También declararon este viernes delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, quienes acogieron los planteamientos de los familiares de las víctimas, y llevaron el caso a la Corte, que tiene su sede en San José.
La Corte, presidida por el magistrado peruano César García-Sayán, escuchó el jueves, entre otros, el testimonio de Laura Petit Da Silva, cuya hermana María Lucía fue ejecutada extrajudicialmente en 1972 y cuyos restos no fueron hallados hasta 1996.
Da Silva relató que durante los 24 años que duró la búsqueda de su hermana “no hubo ninguna disposición de colaborar por parte de ningún agente del Estado” y, por el contrario, se han interpuesto obstáculos a los esfuerzos por lograr justicia.
Hace dos semanas, el Supremo Tribunal Federal de Brasil descartó abrir una investigación de este caso, invocando la vigencia de la amnistía.
Una vez finalizada la audiencia de este viernes, se abrirá un período para la recepción e incorporación a la causa de alegatos escritos hasta el 21 de junio, tras lo cual la Corte emitirá una sentencia en un plazo no establecido.
