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Brasil sube al banquillo de Corte Interamericana por crímenes de dictadura

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos abrirá este jueves una audiencia contra Brasil para juzgar crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad de la dictadura militar (1964-1985), cuyos autores fueron beneficiados por una polémica ley de amnistía dictada por los generales.

En una audiencia pública de dos días, con representantes de las víctimas y del gobierno brasileño, la Corte juzgará el caso Gomes Lund, más conocido como “Guerrilla de Aragauaia”, referido a la detención arbitraria, tortura, asesinato y desaparición de al menos 70 personas.

Los hechos ocurrieron entre 1972 y 1975, en el marco de una operación de las Fuerzas Armadas, para destruir un movimiento de resistencia a la dictadura en el estado de Pará (noreste).

Brasil se ha negado desde el retorno a la democracia en 1985 a abrir una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, amparándose en una Ley de Amnistía promulgada en 1979 por el régimen militar, según organizaciones defensoras de derechos humanos.

Hace dos semanas, el Supremo Tribunal Federal descartó la posibilidad de abrir una investigación de este caso, alegando la vigencia de esa ley de amnistía.

“La justicia brasileña parece ser presa del ‘síndrome de Estocolmo’, la reciente decisión del Supremo Tribunal respalda a quienes en el pasado violaron los derechos humanos y hoy aspiran a mantenerse en la impunidad”, afirmó Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Se denomina síndrome de Estocolmo al proceso sicológico que lleva a víctimas de secuestros a simpatizar con sus captores o identificarse con su causa.

CEJIL es una organización internacional defensora de los derechos humanos, que representa a los familiares de las víctimas en este proceso que se iniciará este jueves en la Corte Interamericana, con sede en San José.

Según la entidad, resoluciones de la ONU y la jurisprudencia de tribunales internacionales han sido claras en que las leyes de amnistía no pueden ser alegadas como razón para no investigar el paradero de los desaparecidos.

Tampoco pueden invocarse para negarse a identificar y castigar a los perpetradores en casos graves de violaciones a los derechos humanos, recordó CEJIL.

Krsticevic dijo que el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, ha sugerido públicamente la posibilidad de que Brasil no acate una eventual condena de la Corte Interamericana sobre este caso.

“Queremos enfatizar la obligación de Brasil de respetar las sentencias de la Corte Interamericana”, dijo la activista, quien señaló que una reacción de ese tipo sería una “mancha enorme” en la imagen del presidente Luis Inacio Lula da Silva, un sindicalista que estuvo preso durante la dictadura.

En la audiencia, la Corte escuchará los testimonios de familiares de las víctimas, así como los alegatos de los organismos de derechos humanos y de los representantes del Estado brasileño.

Posteriormente, se abrirá un periodo para la recepción e incorporación a la causa de alegatos escritos hasta el 21 de junio, tras lo cual la Corte emitirá una sentencia en un plazo no establecido.

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