5 años de presidio, el pago de una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales (aproximadamente 740 mil pesos), la cancelación de su licencia de conducir y el pago de una indemnización de 90 millones de pesos, arriesga un gendarme declarado culpable de manejo en estado de ebriedad causando muerte, lesiones graves y leves.

Lo anterior corresponde a la pena que el Ministerio Público y un querellante, piden se aplique al gendarme de dotación del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, Carlos Wladimir Parra González, acusado en la causa que se generó tras un accidente de tránsito ocurrido el domingo 19 de abril del año 2009 en el kilómetro 18 y medio de la ruta Temuco-Imperial.

En esa ocasión, poco después de las 7 horas, por la ruta ya citada en dirección a Temuco y según testigos a exceso de velocidad, circulaba un automóvil Subaru Legacy, guiado por Parra González, acompañado de Marcelo Iván Soto Pérez.

Al enfrentar una curva y sin descartarse que haya venido compitiendo con otro vehículo en el que viajaban otros gendarmes, el Subaru perdió el control e impactó una camioneta Chevrolet Corsa. Ésta última era guiada por María Enedina Ramírez Bernal, de 53 años de edad, quien por fatal coincidencia era madre de un gendarme de dotación del Complejo Penitenciario de Valparaíso.

A causa de la violencia del impacto, la frágil camioneta se salió de la calzada y cayó en una zanja falleciendo en forma instantánea la conductora. En tanto, su acompañante, el funcionario de ChileDeportes-Araucanía, Arturo Cheuque Calfuqueo, sufrió lesiones de extrema gravedad, especialmente en el tórax.

El vehículo del gendarme impactó a un taxi colectivo que circulaba sentido contrario y era conducido por Alvaro Sepúlveda Sanhueza a quien acompañaba su esposa Lucía Salazar y la hija de ambos, Stephanía.

Ahora el caso, tras ser elevado a un juicio oral, tiene veredicto condenatorio, fijándose la audiencia de lectura de sentencia para el próximo miércoles 19 de mayo a las 12 horas.

Los jueces, además de informar la pena que aplicarán, deberán detallar los montos aceptados para la indemnización y la petición de que el condenado pague por concepto de alimentos a la familia de la víctima fatal, al menos 300 mil pesos mensuales.