El director de la Guardia Civil y la Policía españolas, Francisco Javier Velázquez López, se reunió este viernes en Caracas con autoridades policiales venezolanas, con una investigación sobre supuesta colaboración entre ETA y las FARC como telón de fondo.

Imagen: sudiario.com

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Según un comunicado del Consejo general de Policía venezolana, Velázquez se encontró con la secretaria ejecutiva de este Consejo, Soraya El Achkar, y el director de la Policía Nacional Bolivariana, Luis Fernández, “para considerar posibilidades de colaboración académica” entre ambos países.

“Fueron encuentros muy positivos en los que se manifestó la intención de estrechar la cooperación policial entre ambos países”, señalaron fuentes diplomáticas españolas a la AFP.

Hasta ahora no se informó oficialmente sobre una reunión de Velázquez con autoridades del Ministerio venezolano de Interior para conversar sobre la decisión de un juez español, Eloy Velasco, de procesar en marzo a 13 miembros de la guerrilla colombiana de las FARC y del grupo armado separatista vasco ETA.

En su auto, el magistrado español consideró además que la supuesta colaboración entre ETA y las FARC contó con “cooperación gubernamental” venezolana, unas afirmaciones que provocaron tensión en las relaciones entre Venezuela y España.

En aquel momento, el presidente venezolano, Hugo Chávez, desmintió tajantemente cualquier relación con ETA y las FARC.

Pese a haber recibido en abril el auto del juez Velasco en el que se pedía la detención, entre otros, del presunto miembro de ETA Arturo Cubillas, residente en el país sudamericano desde 1989, el gobierno venezolano no ha dado ninguna respuesta oficial a España.

Cubillas, que tiene la nacionalidad venezolana, forma parte de un grupo de 11 etarras que llegaron a Venezuela en 1989 gracias a un acuerdo entre los dos presidentes de la época, el socialista Felipe González y el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, y recibieron el estatuto de refugiados políticos.

Según el juez Velasco, Cubillas sería el “eslabón” de una presunta “cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA”.