El gobierno boliviano y sindicatos campesinos de la región agrícola de Caranavi firmaron este martes un acuerdo para pacificar la zona, donde el fin de semana hubo violentos enfrentamientos que dejaron 2 muertos y unos 20 heridos, dijo una fuente oficial.

“Se firmó un acta (…) ambos sectores (gobierno y campesinos) se comprometen a pacificar la región, todo lo que se haga para pacificar la región se va hacer”, afirmó en una conferencia de prensa el vocero de gobierno, Iván Canelas, tras un diálogo que se prolongó por más de ocho horas ininterrumpidas.

El diálogo estuvo encabezado por el presidente Evo Morales, quien prometió una investigación nacional o internacional para identificar a los responsables de las dos muertes de civiles que se produjeron durante un enfrentamiento con la Policía.

El presidente no precisó a qué instancia externa podría recurrir.

Asimismo, el Poder Ejecutivo aceptó que se instale próximamente una planta de cítricos en Caranavi, a 140 km al norte de La Paz, tras las versiones no oficiales de que la fábrica se trasladaría a Alto Beni, otro poblado más al norte, lo que fue el detonante del conflicto en el lugar.

Para evitar más malestar, el gobierno anunció que también construirá una segunda planta de cítricos en Alto Beni, cuyo costo no fue revelado por el portavoz de prensa del poder Ejecutivo.

El acuerdo se produjo, en momentos en que los sindicatos campesinos de Caranavi amenazaban con retomar esta semana sus protestas, como un nuevo bloqueo de carreteras, tras una frágil tranquilidad que había en el lugar que el lunes enterró a sus dos fallecidos.

Pobladores de Caranavi habían comenzado hace más de una semana un corte de rutas, lo que motivó que el fin de semana la Policía utilice la fuerza para restablecer el tránsito.

Canelas, a nombre del gobierno, también pidió a la justicia de La Paz celeridad para investigar a los civiles que promovieron el conflicto en la zona agrícola y, de darse el caso, proceder a liberar a seis campesinos detenidos.

El entendimiento se produce horas después de que el gobierno firmó otro acuerdo con la Central Obrera Boliviana, el mayor sindicato del país, que había declarado una huelga laboral indefinida y una marcha a La Paz, por un camino andino, en rechazo a un aumento del 5% a los salarios.