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En prisión preventiva quedaron autores confesos de brutal crimen de vendedor

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La justicia decretó la prisión preventiva para los dos autores confesos del brutal crimen de un vendedor, cuyo cuerpo fue lanzado al cauce del Canal San Carlos.

Junto con ello, el juez de garantía que ayer decretó la libertad de ambos, rompió su silencio y explicó las razones de su resolución.

Se trata de Luis Chávez Urbina y Luís Delgado González, autores confesos del homicidio del vendedor y presidente del sindicato de Embotelladora Andina, Rodrigo Muñoz Navarrete.

El hombre, según el Ministerio Público, fue asesinado el pasado 28 de abril al interior de la botillería que Chávez Urbina mantenía en calle Los Cerezos, en la comuna de Peñalolén.

El juez del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Escobar, quien ayer dejó libres a los hombres pero citados al tribunal, entregó los detalles de su polémica resolución.

Se dio a conocer que la víctima trabajaba paralelamente como prestamista, hecho por el cual uno de los presuntos asesinos le adeudaba más de 20 millones de pesos.

El fiscal de la zona Oriente, Álvaro Pérez, aun cuando se negó a polemizar con el magistrado, entregó detalles del modo en que se cometió el asesinato.

Una vez que el cuerpo fue lanzado al cause del Canal San Carlos, personal policial pudo encontrarlo en el lecho del río Mapocho, en calle Pío Nono ubicada en la comuna de Providencia.

Por estos hechos, el Ministerio Público les formuló cargos por el delito de homicidio calificado, a lo cual añadió las agravantes de ensañamiento, alevosía y premeditación para cometer el crimen.

El abogado de la familia, Rodrigo Toledo, emitió fuertes críticas en contra de los imputados, sobretodo porque éstos acusaron supuestas amenazas de muerte por parte de la familia de la víctima.

Otro de los antecedentes expuestos ante estrado, dice relación con que Chávez Urbina, días después del crimen, habría intentado quitarse la vida al consumir una fuerte dosis de somníferos y posteriormente sentarse a orillas del Canal San Carlos para que el agua lo llevara.

Este intento, sin embargo no prosperó, ya que un transeúnte lo sacó del agua.

Por estos hechos el tribunal de garantía decretó un plazo de cierre de investigación de 90 días.

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