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Migrantes indocumentados en Arizona deberán decidir si quedarse o cambiarse de estado

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Para Román Vázquez y sus compañeros indocumentados en Arizona el tiempo se agota para tomar una decisión: quedarse y exponerse a ser detenidos y expulsados en cualquier momento, o irse a otro estado norteamericano para ganarse la vida como puedan.

Román, de 27 años, lleva ocho años en la capital de este estado fronterizo con México y ve con aprensión la entrada en vigor de la ley SB 1070 votada por el Congreso estatal y sancionada por la gobernadora Jan Brewer.

“Vamos a salir de casa sin saber si podemos regresar”, predice mientras aguarda durante horas que alguien le ofrezca un trabajo, sea cual sea, en un parking de un gran centro comercial de Phoenix.

La ley SB 1070, que penaliza la simple presencia de extranjeros en Arizona sin papeles, empezará a aplicarse dentro de poco menos de noventa días, si no es frenada antes por un juez.

La medida despertó una oleada de protestas, desde el presidente Barack Obama, que pidió a su Procurador General que examine su constitucionalidad, hasta decenas de miles de inmigrantes que desfilaron el pasado 1 de mayo en numerosas ciudades del país.

La ley cuenta sin embargo con un 64% de aprobación en este estado sureño y fronterizo con México, de 6,6 millones de habitantes.

La crisis golpeó duro este estado semidesértico. El desempleo en Arizona ronda el 9,6% de la población, en la media nacional, pero algunos condados como Yuma registran hasta un inusitado 28%.

Unos 460.000 indocumentados viven en este estado con fuertes raíces hispanas, pero cuyos habitantes ven también con un temor creciente el desborde de la violencia desde el vecino México.

Román no deja de mirar permanentemente a todos los lados a la búsqueda de una señal para acercarse a un coche y negociar.

“Cobro lo que me quieran pagar. Si es construcción te dan hasta 10 dólares la hora, si es cortar pasto (césped), 8 dólares o menos”, explica.

El salario mínimo en Arizona es de 7,25 dólares la hora.

Antes de la crisis los jornaleros indocumentados eran decenas en este aparcamiento, explica Román. Su número empezó a bajar en los últimos meses. “Hay gente que ya se está yendo pa’ otro lado”, explica.

El regreso a México está descartado, asegura.

Agustín C. conseguía mandar unos 250 dólares cada mes a México, para su mujer y tres hijos en Oaxaca. Ahora apenas consigue mandar 150 dólares cada dos meses.

La ley SB 1070 era inevitable, dice. “Esto tenía que pasar. Ya se llenó el cupo”, opina con aire resignado mientras se balancea de un pie a otro, a la sombra de un árbol.

En los buenos tiempos Román o Agustín tenían hasta auto. “Desde hace dos años si la policía te para y no tienes licencia, te quitan el carro”, explica Román, que perdió el suyo de esa forma.

A partir de la entrada en vigor de la SB 1070, la policía no solamente podrá llevarse el vehículo sino detener a su conductor sin papeles para que vaya a la cárcel, pague una multa y luego sea deportado.

“Una de las cosas que dice esta nueva ley es que no puedes transportar a un indocumentado. Yo hago eso todos los días”, explica a la AFP Xavier Carpio, un abogado laboralista de la firma Snow&Carpio en Phoenix.

Desde que el bufete empezó en septiembre de 2009, la media de casos laborales es de 30 al mes.

El 30% de los casos son de gente indocumentada, el 95% de ellos hispanos. “Hasta ahora la legislación es muy clara: si estás lesionado (por el trabajo) no importa tu situación migratoria”, explica. “Tienes derecho a plantear tu caso y esperar una sentencia”, añade.

“Con esta nueva ley (SB 1070) hay un conflicto” y no será el último, predice este abogado.

Pero el cerco legal se ha ido estrechando inevitablemente. La SB 1070 asegura que la simple presentación de una licencia de conducir es prueba suficiente para que la policía no pueda detener a un indocumentado.

“Las licencias ya se acabaron para nosotros. Si no puedes demostrar que vives en el estado legalmente no te la dan”, señala Román.

De repente sale corriendo hacia un coche. Una mujer rechaza su ayuda para meter las bolsas de la compra.

“Son fiables, pero no tengo nada que ofrecerles. No tengo trabajo para ellos, ni siquiera sé si podré guardar el mío”, explica luego a la AFP la conductora, Fannie Salazar.

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