Por delito eventual será acusada la ex ministra de la Vivienda, Patricia Poblete, al haber estado por conocer los daños estructurales del edificio ubicado en Constitución, que vio desplomado su primer piso luego del terremoto, causando la muerte de 8 personas.

Imagen: senado.cl

El abogado Raúl Meza está a cargo de la investigación por la muerte de 8 personas luego que el primer piso de un edificio social ubicado en el cerro Ohiggins en Constitución se desplomara.

Dentro de los severos dichos del profesional está el anuncio de que presentará una querella criminal en contra de la ex ministra de Vivienda, Patricia Poblete, y todos quienes resulten responsables de estas muertes.

Poblete firmó una carta donde se anunciaba a los propietarios de estas viviendas, que producto de las fallas de construcción que tenían, se les condonaba las deudas de sus hipotecas y el pago de dividendos.

A juicio del abogado de los propietarios, aquí existe una directa responsabilidad de la ex ministra Patricia Poblete, por no informar de cuáles eran esas fallas y no tomar cartas en el asunto para reparar esos daños.

El diputado UDI Alejandro García Huidobro formó parte de la Comisión Investigadora de la Cámara baja que se conformó el año 2005, la cual indagó en todas aquellas viviendas sociales que presentaban algún tipo de daño.

El catastro de esa Comisión, arrojó que efectivamente había viviendas en Chile mal construidas y que el Estado debía responder no sólo con condonación de deudas, sino también debía hacerse cargo de la reparación de ellas.

Una opinión distinta tuvo el diputado UDI y actual miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, Gonzalo Uriarte, quien fue categórico ya que a su juicio la ex ministra Poblete no tiene aquí ninguna responsabilidad penal al respecto. A su juicio al firmar una carta de condonación de deuda, Poblete hizo lo correcto.

Según, Uriarte quienes tienen alguna responsabilidad al respecto son los directores de obras de cada municipalidad, aunque aclaró que el informe de esta comisión no es vinculante para un alcalde ni mucho menos para un ministro de Estado.