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Presentan requerimiento de inconstitucionalidad contra la Ley de Pesca por privatización del borde costero

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El senador Guido Guirardi junto con los diputados Enrique Accorsi y Rene Alinco presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad contra la Ley de Pesca y Acuicultura por establecer la privatización del borde costero.

Esta ley busca la reactivación económica de la industria salmonera para recuperar las pérdidas que dejó el virus ISA en el sector.

Sin embargo, en uno de sus artículos incluye la hipoteca de concesiones, es decir, transforma las conseciones acuícolas en propiedad privada de algunas compañías a las que les otorga la facultad de hipotecarlas a los bancos.

Por esta razón políticos, ecologístas y dirigentes gremiales presentaron un requerimiento insconstitucional al Tribunal Consitucional que incluía la firma de 34 parlamentarios.

El senador PPD Guido Girardi, calificó de anómala y perversa la desición de hipotecar el mar, y aseguró que si la industria del salmón está en una crísis se debe solamente a que incumplieron las normas ambientales y degradaron el ecosistema.

Agregó que si se les permite hipotecar el mar para incrementar sus recursos, las empresas salmoneras continuarán con sus malas prácticas.

Por su parte el diputado PPD Enrique Accorsi aseguró que ésta es una ley que solamente favorece a la industria del salmón y que no se le puede premiar de esta manera ya que ha demostrado con creces el mal manejo que ha hecho.

El secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Cosme Caracciolo aseguró que la Ley de Pesca y Acuicultura es inconstitucional puesto que le quita el derecho al borde costero que poseen los pescadores artesanales.

Por su parte el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cardenas, afirmó que fue vergonzosa la forma en que se aprobó la Ley, un día antes de que Michelle Bachelet dejara el Gobierno y que esta Ley excluye al turismo y a la pesca artesanal del borde costero.

A partir de hoy el Tribunal Constitucinal tiene un plazo de diez días para pronunciarse al respecto, siendo la única entidad capaz de dejar sin efecto los artículos que propone la Ley.

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