La presidenta argentina Cristina Kirchner consideró este sábado que la jueza que falló contra el gobierno por el uso de reservas para el pago de deuda, debió haberse apartado de la causa debido a una querella del Estado contra su padre por violaciones a los derechos humanos.

“Con su padre querellado por el Gobierno nacional casi sería inhumano que esa persona no tuviera algo en contra (del gobierno). Por eso existe la excusación, porque hay situaciones que te impiden ser imparciales”, dijo Kirchner durante un almuerzo ante legisladores oficialistas en la residencia presidencial.

La presidenta aludió a la causa contra el coronel retirado Luis Alberto Sarmiento, de 85 años, acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1976-83).

Se trata del padre de la jueza María Sarmiento, autora de un fallo clave contra el gobierno para impedir el pago de deuda pública con reservas del Banco Central, tema que desató una crisis institucional aún sin zanjar.

El militar retirado se desempeñó como ministro de Gobierno en la provincia de Misiones (noreste) durante la última dictadura.

El viernes la justicia de Misiones libró una orden de detención contra el militar, con domicilio en Buenos Aires, aunque luego la captura y la citación a indagatoria fueron revocadas al comprobarse mediante un peritaje el estado de salud del ex militar que padece de Parkinson y está postrado en silla de ruedas.

“Esta presidenta no sabía que la Secretaría de Derechos Humanos había iniciado una causa contra Sarmiento”, dijo Kirchner quien aseguró que “de haberlo sabido la hubiera recusado” a la magistrada para evitar que intervenga en una causa contra el gobierno.

De su lado la magistrada consideró que la orden de arresto contra su padre “está relacionada” con su reciente fallo.

“Suena muy llamativo que justamente ahora se produzca esta situación, me parece muy extraño después de tantos años”, dijo la jueza.

La detención de Sarmiento fue pedida por el juez federal de Posadas (capital de Misiones), Claudio Ramón Chávez en una causa por supuesta privación ilegal de la libertad y torturas en 1976 contra Graciela Franzen, señalaron medios de prensa.

El proceso ocurre mientras decenas de causas por crímenes de lesa humanidad en la dictadura están en pleno desarrollo.