Un tribunal penal de Guatemala autorizó este miércoles la extradición a Estados Unidos del ex presidente guatemalteco, Alfonso Portillo, donde es acusado de lavar millones de dólares durante su gestión (2000-2004), informó una fuente judicial.

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“Este tribunal declara procede la solicitud de extradición formulada por el gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Alfonso Portillo, sindicado de los delitos de conspiración para realizar lavado de dinero”, indica la resolución del Tribunal Quinto de Sentencia.

No obstante, el ex gobernante no será extraditado hasta que dilucide su situación en Guatemala, donde tiene un proceso abierto por peculado cuando realizó transferencia por 15 millones de dólares del ministerio de la Defensa a un banco estatal, y por el que fue extraditado de México en octubre de 2008.

La entrega no podrá hacerse efectiva porque “según lo manifiestó el Ministerio Público el requerido está sujeto a un proceso penal en el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal”, detalla.

La corte rechazó además decomisar los bienes del mandatario, según el fallo dictado por la titular del tribunal, Morelia Ríos.

El abogado defensor del ex gobernante, Telésforo Guerra, adelantó que apelará el fallo debido a que, según él, no fue apegado a derecho.

Aunque el fallo reconoce que el convenio de extradición entre Guatemala y Estados Unidos firmado en 1903 no establece lavado de dinero, la decisión se fundamenta en que los dos países ratificaron en 2006 la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que incluye ese delito.

“En la convención ambos países se obligan a perseguir todas aquellas actividades ilícitas que se contemplan en el artículo 23 y derivado de ello Guatemala promulga la ley de lavado de dinero en el 2001, con lo que se le da vida al ilícito contenido en la misma”, aclara.

El tribunal rechazó la estrategia de la defensa y del propio ex jefe de Estado, quienes esgrimían que el pedido de extradición era por razones políticas.

“Hemos de establecer que el ilícito penal por el cual se solicita la extradición es del orden común”, afirmó el tribunal.

Portillo declaró en la corte que se trataba de un juicio “eminentemente político” y de “revanchismo” porque se negó a apoyar “la invasión en Irak” en 2003.