El Consejo de Rectores, que reúne a las 25 universidades tradicionales chilenas, estimó en cerca de 58 mil millones de pesos los daños registrados en los planteles por el terremoto del 27 de febrero de 2010.

El rector de la Universidad de Chile y vicepresidente del Consejo, Víctor Pérez, informó este jueves que las universidades más afectadas son las de Talca, Católica del Maule, de Concepción, del Bíobio y Católica de la Santísima Concepción, tanto por los montos involucrados en la infraestructura dañada, como por el impacto en la docencia y en la investigación.

Sin embargo, universidades de la Región Metropolitana, Valparaíso, Araucanía y Los Ríos también sufrieron daños de consideración.

Las salas de clase dañadas superan las 900 y los laboratorios de docencia afectados son más de 300, y a ellos se agregan daños en bibliotecas y espacios complementarios, como auditorios, salas de computación, comedores y vías de accesos, entre otros.

El rector expresó que la estimación del gasto mínimo requerido para habilitar las instalaciones afectadas, asciende a más de 29 mil millones de pesos.

“Esto permitiría continuar la labor docente en primera instancia, pero sin duda, recuperar plenamente la actividad docente e investigativa de las universidades requiere de un esfuerzo económico muy superior que aún está por definirse”, dijo Víctor Pérez.

Un documento del Consejo recomienda incrementar sustantivamente las ayudas estudiantiles para apoyar a aquellos alumnos cuyas familias se han visto afectadas por la catástrofe, y de esa forma evitar una deserción masiva de estudiantes como consecuencia del terremoto.

“Hay 217.000 estudiantes de las universidades del Consejo que residen en las zonas más afectadas por el terremoto, y de ellos estimamos que hay entre 21 mil y 43 mil cuyas familias han sido damnificadas”, dijo.

El rector añadió que los jóvenes necesitan ayudas y becas de mantención, “de lo contrario esos jóvenes desertarán de la Educación Superior porque sus familias, que se concentrarán en reconstruir sus viviendas y normalizar su vida, no podrán financiar los gastos inherentes a los estudios, como aquellos de mantención, materiales y arancel”.

Pérez explicó que se han contemplado fuentes de financiamiento para la recuperación de las instalaciones dañadas, entre estas una que corresponde a las coberturas de las compañías aseguradoras para el caso de aquellas instituciones que tenían seguros comprometidos, mientras que otra será la reasignación de recursos del presupuesto 2010 de cada universidad y otras fuentes propias de financiamiento.