Defensores penales públicos de Concepción cuestionan la manera indiscriminada con que el Ministerio Público ha actuado en contra de pobladores de sectores populares y los ha enviado en prisión preventiva por supuestamente participar de los saqueos posteriores al terremoto.

Durante los últimos días, las policías han desarrollado operativos masivos para dar con los delincuentes que saquearon, desvalijaron y destruyeron numerosos locales comerciales y supermercados, llevándose productos que no eran de primera necesidad como plasmas, refrigeradores y lavadoras.

A raíz de esos operativos cerca de 200 personas han quedado en prision preventiva.

Sin desconocer que estos actos de pillaje y saqueo deben perseguirse, el defensor penal público de Concepción, Álvaro Araya, respaldado por muchos de sus colegas, criticó el actuar del Ministerio Público por considerar que ha actuado en forma indiscriminada al pedir la prisión preventiva para todos los casos.

Un ejemplo indica que defensor, es el de un joven de 20 años, a quien le allanaron su hogar en el sector Palomares y por tener un hervidor, un microondas y unos parlantes lo llevaron detenido.

Cuando el padre de este joven llevó a la fiscalía las boletas que acreditaba la compra de esos artículos, no fue escuchado y sólo ahora, tras casi una semana en la cárcel, el imputado fue dejado en libertad y con la oposición del Ministerio Público.

El defensor Álvaro Araya afirma que pese a la situación de emergencia, la Fiscalía no puede darse en lujo de obviar los procedimientos legales.