La junta militar en el poder en Birmania, que ya mantiene bajo arresto domiciliario y excluyó de las próximas elecciones a Aung San Suu Kyi, ha aumentado la presión sobre la líder opositora con una ley en virtud de la cual puede ser expulsada de su propio partido.

Aung San Suu Kyi

Los militares revelaron el contenido de la ley sobre el registro de los partidos políticos este miércoles. Es el segundo texto de una serie de cinco, elaborados de cara a las elecciones legislativas que deberían celebrarse este año, las primeras desde 1990.

Pese a los llamamientos de la comunidad internacional, que reclama la liberación de la premio Nobel de la Paz antes de los comicios, la junta estrechó el cerco sobre la Dama de Rangún estipulando que el que purgue una pena de cárcel no puede pertenecer a un partido.

Suu Kyi purga desde agosto de 2009 una pena de 18 meses de arresto domiciliario. La ley obliga a la Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido de la Premio Nobel, a elegir entre excluirla de la formación o disolverse.

“He constatado que debíamos excluir a Suu. La postura (de la junta militar) es muy clara en la ley”, explicó a la AFP el portavoz de la LND, Nyan Win.

El texto señala que los partidos disponen de 60 días a partir del pasado lunes para registrarse ante las autoridades, lo que obligará a la principal formación de oposición a decidir rápidamente su respuesta.

La LND ganó las elecciones de 1990 de forma inesperada, dos años después de la sublevación popular de 1988. Pero la junta se aferró al poder y se negó a reconocer el resultado de los comicios. Desde entonces, Suu Kyi pasó 14 años privada de libertad.

Estaba claro desde 2008 que Suu Kyi no podría presentarse a las elecciones. La nueva Constitución, aprobada inmediatamente después del paso del devastador ciclón Nargis (138.000 muertos o desaparecidos) excluye la candidatura de las personas casadas con extranjeros. El esposo de Suu Kyi era el británico Michael Aris, fallecido en 1999.

La junta también excluye de las elecciones a los religiosos, una medida dirigida contra los monjes budistas que lideraron la Revolución del Azafrán en 2007, reprimida por las autoridades.

En otro texto legal, el poder tomó el control absoluto de la comisión electoral.

Estados Unidos, por boca del enviado especial Kurt Campbell, calificó de “decepcionante y lamentable” la nueva legislación.

El gobierno estadounidense entabló el año pasado un diálogo con las autoridades birmanas por estimar que la estrategia del aislamiento de Birmania había fracasado, pero condicionó el aligeramiento de las sanciones a la realización de progresos democráticos.

Sin embargo, el martes Washington se declaró “escéptico sobre la posibilidad de que las elecciones previstas este año sean creíbles”.