La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la multa que una empresa informática debe cancelar por no proveer el servicio de Internet a 81 escuelas rurales, en distintas regiones del país.
En fallo unánime, los ministro de la 8º Sala del tribunal de alzada, Lamberto Cisternas, el fiscal judicial Daniel Calvo y el abogado integrante Jaime Guerrero, ratificaron la multa de 3.000 Unidades de Fomento, equivalente a $62.861.790, aplicada a la empresa Informática y Tecnologías Avanzadas Canarias.
La empresa se adjudicó una licitación para proveer servicio de Internet a escuelas rurales, sin embargo, en 84 establecimientos no se entregó el acceso, sin que haya motivos justificados para las interrupciones.
“Que la circunstancia que motivó la formulación del cargo a la afectada reviste especial gravedad atendido que la infracción detectada vulnera abiertamente la ley, sus reglamentos y finalidad de los respectivos proyectos asignados respecto de impulsar el acceso a las tecnologías de información y comunicación de las comunidades de bajos ingresos atentando de esta forma contra el eficiente funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones”, dice la sanción aplicada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones
