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Más de una decena de funcionarios públicos del Bío-Bío deberán ser indemnizados si son despedidos en gobierno de Piñera

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Más de una decena de altos cargos del Estado en la Región del Bío-Bío se mantienen en sus puestos de trabajo, sin importar su militancia política. Son parte de la Alta Dirección Pública y de ser despedidos por el nuevo gobierno, deberán ser indemnizados.

En las reparticiones públicas los funcionarios de confianza política ya tienen lista la fecha de sus cartas de renuncia: el próximo 11 de marzo, cuando asuma la administración de Sebastián Piñera.

Sin embargo, no todos los altos cargos de la administración del Estado están condicionados a este factor, tampoco son parte de los contratos a plazo fijo que no serán renovados, sino que han sido parte de los concursos de la Alta Dirección Pública, que se creó el año 2.003, con la finalidad de transparentar la selección del personal.

Un caso representativo de esta situación es el Director del Servicio de Salud Talcahuano, Jorge Ramos, quien recién inició su segundo periodo de 3 años, es militante socialista y fue ex precandidato a diputado por el distrito 43.

La mayor cantidad de los casos se repite en el área de Salud, donde ganaron los concursos sólo el año pasado, la Directora del Servicio de Salud Concepción, María Graciela Saldías y la Directora del Hospital Regional, Valeria Sawada.

Otro caso se reporta en el Serviu del Bío-Bío, donde su director, Jaime Arévalo, recién inicia el primer año de su renovación de contrato que termina el año 2012 al igual que el caso de Jorge Ramos.

Según datos del sitio web de la Alta Dirección Pública, el año pasado ganaron concursos los directores del Servicio Médico Legal, el Registro Civil, Sernatur y el INE, entre otros servicios, donde aún les quedan más de 2 años de funciones.

Según la legislación, si el nuevo gobierno decide pedirle la renuncia a estos funcionarios deberán pagar una indemnización por cada año de servicio, con un máximo de 6 años, situación que en algunos casos podría superar los 6 millones de pesos.

Otro caso es que renuncien voluntariamente, por diferencias políticas con el nuevo gobierno.

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