Cientos de miles de colombianos se manifestaron pacíficamente este jueves contra una controvertida reforma al sistema de salud, decidida por el gobierno del presidente Álvaro Uribe para evitar su colapso financiero, según asegura.

La protesta, convocada por las centrales obreras en cabeza de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT, la principal), junto con varias organizaciones civiles afectadas por las medidas, se cumplió en Bogotá y otras cinco ciudades principales del país.

“La salud no es un favor, es un derecho”, fue la consigna que congregó a los manifestantes, entre los que se encontraban trabajadores, representantes de enfermos de alto costo (cáncer o VIH/sida), estudiantes y profesionales de las diferentes áreas de la salud.

La mayor protesta se dio en Bogotá, donde según estimativos de prensa unas 20.000 personas se concentraron en la central Plaza de Bolívar, vecina a Casa de Nariño, la sede presidencial.

Los manifestantes reclamaron la derogatoria de los decretos expedidos por el gobierno al amparo de una emergencia social, y cuya legalidad aún tiene que ser definida por la Corte Constitucional, que de encontrarla no ajustada a la Carta Magna, quedaría sin efecto.

El presidente Uribe asegura que los 15 decretos con fuerza de ley expedidos en Enero buscan elevar la calidad de los servicios de salud, no vulneran los derechos de los pacientes, y están orientados a evitar la quiebra del sector.

Añadió que la medida no busca socavar la autonomía de los médicos, desmejorar el servicio ni profundizar la privatización de la salud, como alegan trabajadores del sector, estudiantes, pacientes y críticos del gobierno.

Ante el rechazo que suscitaron los decretos, el presidente Uribe ha tenido que derogar algunas de esas medidas o modificarlas, además de que ha tenido que dedicarse plenamente esta semana a defenderlos a través de los medios de comunicación, y hasta atender directamente las quejas de los usuarios.

Sin embargo, el rechazo se mantiene y además la oposición política y varios sectores sociales reclaman la renuncia del ministro de Protección Social (Salud), Diego Palacio, al que acusan de ser el directo responsable de las medidas de emergencia.

Palacio asegura que la reforma al sistema era necesario y que busca obtener el equivalente a 683,5 millones de dólares para inyectarle al sector.

Esta es la segunda jornada de protestas que contra esos decretos se ha dado en el país en este mes, toda vez que manifestaciones similares se dieron el pasado 5 de Febrero.