Diversas organizaciones de derechos humanos reaccionaron contrarios a la designación del general del Ejército Cristián Le Dantec Gallardo como jefe del Estado Mayor Conjunto, por haber declarado en calidad de testigo en la investigación por la desaparición y homicidio de 22 campesinos en Paine ocurida en agosto de 1973.
Mireya García vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sostuvo que es impresentable que una persona en ese cargo está relacionada con violaciones a los derechos humanos, aunque sea en calidad de testigo, ya que como expresó, es una condición que igual lo vincula.
Similar opinión tuvo el abogado de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Hiram Villagra, quien sostuvo que existe preocupación por la constante designación en altos cargos de las fuerzas armadas a personeros relacionados con casos de violaciones a los derechos humanos, lo que argumentó da cuenta de un estilo que ensucia el uniforme.
Villagra expresó que dejar atrás el pasado implica que los protagonistas den la cara. Finalmente sostuvo que el intentar minimizar hechos tan atroces es lo que genera la molestia de las organizaciones de derechos humanos.
