Ex trabajadores de la desaparecida fábrica Machasa denunciaron a la jueza suspendida por consumo de cocaína de mantener paralizado por 9 años el fallo para que les cancelen 12 mil 500 millones de pesos.
Se trata de la titular del primer juzgado civil de Santiago, Sonia Navarro Morales, quien enfrenta un proceso de remoción al resultar positivo su test de control de drogas, tras un tratamiento que no tuvo resultados.
Son 5 mil trabajadores que desde la quiebra de la fábrica, en 1987, han ganado hasta en la Corte Suprema las demandas interpuestas por la venta de Machasa.
Alegan que desde que quedó ejecutoriado el juicio en el año 2.000, la jueza Navarro se ha negado a dictar el cúmplase para recibir la millonaria suma de parte de la Corfo y los bancos Estado y de Chile.
El abogado que los representa, Pedro Foncea, denunció que las presiones de la contraparte en este juicio han producido la tardanza en los pagos.
Consultado sobre esta situación, el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, insistió que las situaciones personales de los jueces no deben afectar su trabajo.
El abogado de los ex trabajadores de Machasa pedirá a la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y al ministro visitador del primer juzgado civil, Raúl Rocha, que aceleren el proceso de los pagos.
