Pendiente quedó el fallo del Tribunal Constitucional por el reclamo del Ministerio Público contra un juez de Garantía que incluyó a un fiscal como testigo en el caso de los crímenes atribuidos a la denominada “Quintrala”.
Este incidente mantiene paralizado desde el mes pasado el juicio contra María del Pilar Pérez y su sicario José Ruz, por los homicidios del economista Diego Schmith-Hebel, el de su ex esposo, el arquitecto Francisco Zamorano y el de la pareja homosexual de éste, Héctor Arévalo.
La Fiscalía Oriente presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra el juez Daniel Aravena que incluyó como testigo a uno de los fiscales que investigó el caso, Patricio Caroca.
Las acciones contra el juez Aravena llevaron incluso a uno de sus colegas, el magistrado Eduardo Gallardo, a calificar de “matonaje” las iniciativas de la Fiscalía Oriente.
Luego de los alegatos, que se prolongaron por 2 horas, el fiscal jefe oriente, Xavier Armendariz, reconoció que es anómalo que fiscales se enfrenten con los jueces.
En contra del requerimiento de la Fiscalía alegó el abogado de la Defensoría Pública, Andrés Ritour, quien respaldó la resolución que deja como testigo al fiscal Caroca.
Sobre esta pugna ante el Tribunal Constitucional, el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, manifestó que debió haberse evitado este conflicto.
En tanto, y sobre las críticas del gobierno a los pocos avances en la investigación sobre los estallidos de bombas atribuidos a anarquistas, el fiscal Armendariz no quiso hacer comentarios, auque dijo que confiaba en su trabajo.
