El caos político ameneza a Pakistán tras el vencimiento, el sábado, de una amnistía por delitos de corrupción que protege al presidente, Asif Ali Zardari, a sus aliados claves y a varios de sus ministros.
La Ordenanza de Reconciliación Nacional (NRO por sus siglas en inglés) fue promulgada en octubre de 2007 por el entonces presidente del país, el general Pervez Musharraf.
El decreto de Musharraf hizo vencer los cargos de corrupción en contra de la ex primera ministra Benazir Bhutto, que fue asesinada 2 meses después, su esposo, Zardari, y otros políticos, en un aparente gesto de reconciliación para prolongar su gobierno militar.
A continuación, el Partido del Pueblo de Pakistán de Zardari ganó las elecciones de febrero de 2008, devolviendo el poder a los civiles en un país gobernado por los militares durante la mayor parte de su existencia.
Zardari, que ha pasado varios años en la cárcel por corrupción y a quien aún se apoda “el señor 10%”, une ahora el problema de extender la amnistía a los que ya sufre su gobierno: la lucha contra la violencia talibán y la recesión económica.
Tras unas protestas nacionales, en marzo, el gobierno de Zaradari se vio obligado a restituir en sus cargos a los jueces independientes que fueron cesados por Musharraf.
El gobierno de Zardari es visto como demasiado débil para hacer que el Parlamento vote una prolongación de la amnistía.
“Los casos (de corrupción) volverán a ser abiertos y las condenas reactualizadas al menos que el gobierno” no logre una solución, declaró a la AFP el abogado Abid Hassan Minto.
Algunos analistas creen que Zardari sólo podrá seguir en el poder si revoca la enmienda 17 de la constitución aprobada bajo Musharraf que da al presidente el poder de disolver el parlamento y cesar al primer ministro.
La semana pasada se publicaron los nombres de 8.041 personas que se beneficiaron de la amnistía por corrupción, incluidas Zaradari y varios ministros de su gobierno.
