Con el fin de corregir la información engañosa y que induce a error al consumidor, los senadores Alejandro Navarro y Pedro Muñoz presentaron una moción que sanciona con multas entre 1 y 50 UTM, es decir, entre poco más de $36 mil y $1.800.000, a quienes difundan toda clase de mensajes, instructivos, carteles y propaganda que desinforme en cuanto al contenido de la Ley del Consumidor.

Los parlamentarios explicaron que “un punto capital donde se manifiesta en toda su fuerza la desigual relación entre proveedores de bienes y servicios y consumidores en la información”.

Explicaron que “las desigualdades en este ámbito deben abordarse integralmente en la ley ya que, los carteles o anuncios de cualquier tipo que induzcan a error a los consumidores respecto al ejercicio de sus derechos como consumidores, es un abuso que en la actual ley no se encuentra prohibido ni sancionado expresamente, por lo que estos mensajes siguen utilizándose impunemente en el comercio”.

Se refirieron así a la proliferación de carteles como los que liberan a las empresas o establecimientos de los robos que se produzcan en su recinto. “Los consumidores siempre tienen derecho a ser resarcidos en cualquier acto de consumo”, dijeron.

Lo mismo sucede con los anuncios que señalan que “la empresa no se hace responsable de accidentes” cuando en realidad la legislación consagra “la seguridad en el consumo de bienes y servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles”.

Los senadores Navarro y Muñoz también manifestaron que en el caso de los carteles que señalan: “se reserva el derecho de admisión” también se vulnera la Ley del consumidor ya que “las personas tienen como derecho básico no ser discriminados arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios”.

Por estas razones presentaron un proyecto que será analizado por la Comisión de Economía y que “prohíbe la exposición y difusión de toda clase de mensajes, instructivos, carteles, anuncios y propaganda que desinforme, engañe o induzca a error a los consumidores en cuanto al contenido y aplicación de la ley del Consumidor y de sus derechos”.