Representantes políticos cuestionan la precaria situación en que están los vecinos de la caleta El Soldado de Talcahuano por prohibiciones que aplica la Armada. La rama castrense se apropió del terreno comprándolo en plena dictadura militar lo que le permite incluso impedir el acceso a la playa del sector.

Parece que definitivamente a la Segunda Zona de la Armada, con asiento en Talcahuano, le molesta que los cerca de 60 habitantes de la Caleta El Soldado sigan ahí, en un terreno que les pertenece

De ello da cuenta que durante décadas les han impuesto dificultades para vivir, prohibiéndoles el acceso a servicios básicos como el agua potable, electricidad y alcantarillado.

También se restringe el acceso de cualquier persona, incluso de los propios habitantes, pero el colmo llegó la semana pasada, cuando la Armada prohibió el paso a una ambulancia que llevaba a una anciana enferma hasta su casa en
la Caleta.

Para el candidato a diputado por la zona, Cristián Campos, es necesario que la Armada, los pescadores y el gobierno se sienten a la mesa para buscar una salida a esta situación que se repite en otras caletas de Talcahuano, pero para ello debe haber disposición de la rama castrense.

Extrañamente la Armada, pese a tener la concesión de este terreno desde 1973, en 1982, en plena dictadura, la rama decidió comprarlo con recursos propios, el motivo se desconoce y se entiende poco si ya tenía la cesión fiscal. Incluso el propio seremi de Bienes Nacionales, Mauricio Ortiz, lo califica como un hecho poco usual.

Más allá de la paupérrimas condiciones en que hoy viven los habitantes de las caletas, hay otro tema de controversia que es el libre acceso a las playas, situación que en el caso de las fuerzas armadas se dan excepciones establecidas a través de decretos supremos y por razones de seguridad según precisa el seremi de Bienes Nacionales.

Lo mas probable es que la segunda zona naval continúe aludiendo a motivos de seguridad para impedir que los habitantes de Caletas como el Soldado de Talcahuano tenga acceso a servicios básicos y denegar el acceso a las
playas de la zona.