El Gobierno cuestionó la competencia de la Contraloría para normar la “dimensión política” que despliegan los ministros de Estado.
El informe de Rienzi Franco, de Radio Bío-Bío Santiago.
Cuando arrecia la campaña electoral, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, lanzó una dura respuesta a la Contraloría sobre el alcance de sus dictámenes en torno a la prescindencia de los secretarios de Estado.
El Ejecutivo está a la espera de un nuevo dictamen de la entidad fiscalizadora luego del oficio que La Moneda envió al organismo contralor, que argumentó la calidad de funcionario de confianza de los ministros y no de empleado público.
Amparados en una resolución anterior, Viera-Gallo explicó que la Contraloría no puede normar el aspecto político de cada encargado de una cartera por lo que ésta situación quedaría, a su juicio, sólo a la discreción de la Presidenta de la República.
De esta forma, las acusaciones de intervencionismo electoral que han realizado senadores de la oposición ante la Contraloría quedarían sin efecto por la jurisprudencia que ya existe sobre la materia en la entidad, por lo que los denunciantes deberían acudir a una acusación constitucional, es decir, un juicio político para buscar una sanción contra los ministros que falten a la prescindencia.
