Preocupadas están las federaciones de estudiantes de las principales universidades del país por el alza de aranceles programado para el próximo año.

El informe es de Lorena Leiva, de Radio Bío-Bío Santiago

Acusan que el Ministerio de Educación está impulsando políticas que buscan debilitar el aporte del Fondo Solidario, para favorecer la intromisión de las entidades financieras en el sistema de financiamiento.

Es así como con una carta dirigida al rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, el presidente de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios, Federico Huneeus, criticó el alza de aranceles para el año 2010.

De acuerdo con el presidente de la FECH los aranceles han subido en un 92% entre el año 1993 y el 2005, además del incremento anual que sufre por el reajuste del IPC.

Además del alza, Huneeus sostiene que el Ministerio de Educación está llevando a cabo políticas que buscan debilitar el aporte del Fondo Solidario y así favorecer el papel de los bancos en el proceso de financiamiento.

Para el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Pablo Moyano, la situación es particularmente preocupante, ya que en el caso de las universidades estatales, el alza de los aranceles responde al reajuste en el sector público.

Por ello sostuvieron conversaciones con la Asociación de Académicos de las Universidades del Estado y con otras asociaciones para que se incluya en su petitorio que el reajuste en los salarios de los funcionarios sea incluido en el presupuesto de la universidad. De esta manera, según Moyano, se evitaría subir los aranceles.

Sin embargo, el panorama no es tan negativo, ya que tras iniciar una huelga de hambre, los estudiantes de la Universidad de Concepción lograron que las autoridades rebajaran la matrícula en un 30% y congelaran los aranceles para el año 2010.

A pesar de que los estudiantes pedían una rebaja del 50% en la matrícula, el logro los dejó bastante satisfechos. Además, la universidad se comprometió a no subir los aranceles, a excepción del ajuste del IPC, durante los 2 años subsiguientes.