Hace casi un mes, el lunes 31 de agosto, la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió en el Palacio de La Moneda -ante un grupo transversal de parlamentarios- a poner suma urgencia al proyecto de ley de Participación Política Equilibrada, conocido popularmente como “Ley de Cuotas”. Esta iniciativa obliga a los partidos a tener un porcentaje mínimo de representación femenina en su plantilla de candidatos. Esa promesa sigue esperando.
Este tipo de normas existe en 50 países de todo el planeta y 10 de las 18 naciones latinoamericanas contemplan algún mecanismo de cuotas. Aunque los resultados varían entre uno y otro caso, en los países sin leyes de cuotas el promedio de las parlamentarias en ejercicio es de 13,7, cifra que aumenta a 20,3 en los lugares donde sí se aplican estas iniciativas.
El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, se cuadró con la iniciativa de la Presidenta Bachelet y propuso ampliarla también a empresas privadas de interés público.
Mientras que el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, es más audaz y propone establecer obligatorio que el 50% de los postulantes a cargos de elección popular sean mujeres.
El abanderado del Juntos Podemos, Jorge Arrate, además de estar a favor de la ley de cuotas planteó llevar ese concepto a sectores como el educacional.
Mientras que el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, fue el único de los presidenciables que se mostró contrario a una ley de cuotas, aunque sí explicitó otros incentivos para favorecer la participación de mujeres en la política.
En el Congreso existe un apoyo mayoritario a la idea de una ley de cuotas, con excepción de la UDI, cuyos parlamentarios -hombres y mujeres- se han mostrado contrarios a este tipo de normativa.
