2 iniciativas para redistribuir la carga tributaria de los proyectos de generación eléctrica, en las comunas donde están emplazados, dio a conocer el ministro de energía Marcelo Tokman.
Hay que aclarar que no se trata de una compensación ni de un pago adicional por parte de las empresas que ejecutan los proyectos, sino de una mejor repartición de los impuestos.
La primera iniciativa, entraría en vigencia en enero del 2010, y apunta a que la recaudación fiscal de proyectos que generan beneficios nacionales también llegue a los municipios donde están instalados.
Se modifica, entonces, el cálculo del valor de la patente que debe pagar una empresa, considerando la potencia instalada y no sólo el número de trabajadores, como es hasta ahora, y su distribución entre la casa matriz y la filial.
La segunda, explicó el ministro Marcelo Tokman a la Asociación Chilena de Municipalidades, está en trámite en el Congreso, y establece que cada vez que un proyecto de generación de energía entre en operación debe pagar cerca de 10 millones de pesos por megavatio o potencia de una central, a la comuna donde está instalada.
Este pago se realizará en 10 cuotas iguales, en 10 años, lo que se traducirá en un millón de pesos anuales por megavatio, que deberán ser destinados, únicamente, a obras de desarrollo de la comuna, sin que esto se traduzca en un aumento de impuestos, ni de un pago adicional con cargo a la empresa que ejecute el proyecto de generación de energía.
El secretario de estado no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que las empresas paguen adicionalmente por instalarse en una determinada comuna, considerando las externalidades negativas que trae consigo la construcción de una central térmica a la actividad turística, productiva o inmobiliaria.
Para el presidente de la Asociación de Municipalidades, el alcalde de La Granja Claudio Arriagada, ese sería el escenario ideal; sin embargo, dijo, se trata de un primer paso.
Arriagada agregó que este pequeño paso, podría entenderse como un incentivo para que los municipios puedan contar con más recursos; sin embargo, fue categórico al señalar que en ningún caso quiere decir que se pasarán por alto las exigencias y normativas vigentes que resguardan el patrimonio medioambiental.
