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Senador Pedro Muñoz solicita reunión con Viera-Gallo por patrocinio para Agencia de Protección de Datos

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A fin de solicitar el patrocinio del Gobierno para el proyecto de ley que crea una Agencia de Protección de Datos, el senador socialista Pedro Muñoz, pedirá una reunión con el Ministro, José Antonio Viera-Gallo.

La solicitud se enmarca en los últimos casos salidos a la luz sobre la venta o traspaso de información personal desde bancos de datos a entidades comerciales, aunque no contempla la utilización política de esta información.

El poder de la información es una frase común en los medios de comunicación. Quien tiene conocimiento también suma a sus pies un mundo de posibilidades. Pero el axioma puede ser usado en contra.

Así ocurrió con los datos afiliados de isapres que según la denuncia del diputado DC, Gabriel Silver, fueron a parar a manos de las farmacias. O los miles de correos electrónicos que llegan a su bandeja ofreciendo productos sin siquiera buscarlos, y qué decir de las típicas llamadas al teléfono que realizan en campaña electoral los candidatos a los hogares.

Datos que son utilizados sin consentimiento pero que siguen dando vueltas. Para evitar esto, un grupo de senadores, entre ellos el socialista, Pedro Muñoz ingresaron, en julio pasado, un proyecto de ley que modifica la Cosntitución Política del Estado y crea una Agencia de Protección de Datos.

Tan preocupado tiene esto a los parlamentarios, que el senador Muñoz incluso va a solicitar el patrocinio del Gobierno. Claro que el proyecto no contempla la venta de datos desde el Servicio Electoral hacia partidos políticos, situación que no complica tanto al parlamentario.

Opinión similar tiene el Minsitro Secretario Genral de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.

Para la abogada consitutcionalista de la Universidad Central, Carmen Luz Parra, se necesita voluntad real para tapar los muchos vacíos legales.

Habeas Data que no es otra cosa que el derecho fundamental del resguardo de la información privada. Cuenta pendiente con los ciudadanos, ya que con las últimas legislaciones, incluída la ley de transparencia, la utilización de nuestros datos depende de la ética del organismo o funcionario que los tenga.

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